Una prueba más de que Ribera Salud ocultó de forma premeditada a la Generalitat Valenciana el desvío de hasta 10,6 millones de euros en comisiones cobradas a sus proveedores es la celeridad con la que la consellera Carmen Montón ha exigido de urgencia al gigante de las concesiones sanitarias toda la documentación aludida por el EL ESPAÑOL nada más publicar esta exclusiva.
El director general de Ribera Salud, Alberto de Rosa, puede seguir negando la mayor y alegando que las cuentas de su central de compras "son públicas porque están en el Registro Mercantil", pero difícilmente podrá defender la transparencia de su gestión a tenor del documento interno con el que instruía a los responsables de negociar con sus proveedores.
En el "protocolo de actuación", que se repartía a los jefes de servicio y de compra de sus hospitales, se subraya que "tan importante es conseguir el mejor precio [y/o] acuerdo de docencia como [la] aportación" para la central de compra. También que "es imprescindible que los proveedores entiendan que es necesario la firma de un contrato-acuerdo" que incluía indefectiblemente cláusulas de confidencialidad sobre los precios y rappel pactados. Y que "en caso de no llegar a acuerdos" con la central de compras "se buscarán alternativas (siempre que sea posible) a los productos de dicho proveedor".
Este tipo de órdenes tan explícitas resultan comprometedoras porque evidencian que se supeditaba la negociación sobre los medicamentos al cobro de las comisiones. No parece que la ocultación, el secretismo y el desvío de ganancias sean compatibles con la ejemplaridad que se espera del gestor de un servicio básico.
