Ley de Memoria Democrática. La izquierda vuelve siempre al lugar del crimen.

¿Qué tiene de democrática la memoria? ¿Cómo algo que es subjetivo puede imponerse como única e indiscutible verdad? ¿Quién puede arrogarse el derecho a decir qué hechos del pasado deben recibir reproche moral y cuáles no?

En la Historia no se valora, no se juzga. En la Historia se describe. No se parte de apriorismos. Se analizan las fuentes (todas) y con ellas se reconstruye el pasado.

La Historia debe ser objetiva aunque esté escrita por hombres. Sin embargo, la memoria es siempre subjetiva.

La Historia se basa en el conocimiento. La memoria, en el sentimiento.

Y llegamos a una ley en la que se nos dice (primero a los historiadores) lo que debemos o no escribir. Se nos puede sancionar por cuestionar el relato oficial. Se nos obliga a ignorar los testimonios que digan algo distinto de esa versión o simplemente lo maticen. La investigación puede convertirse en algo subversivo. Se nos capa, se nos cierra la boca, se nos impide el libre ejercicio, no ya sólo de la libertad de expresión, sino de pensamiento.

¿Qué es esto? De la Historia jamás pueda hacerse doctrina, ni instrumento de revancha, como no puede hacerse de ninguna rama del conocimiento.

Eso es propio de dictadores. De sectarios. De gentes que, para justificar sus abusos del presente, necesitan cimentar su autoridad moral en un pasado que ellos reescriben y del que toman su mejor perfil.

“La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad española. El régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar”.

Eso dice la Ley. Pues bien, eso es exactamente lo que proponen hacer, pero cambiando, 82 años después, el bando vencedor.

Dicen que lo hacen en nombre de las víctimas. Léanse la ley. ¿Quiénes son las víctimas? Es cierto que en el cuerpo de la norma queda especificado a quiénes se tiene por tales. Pero esa descripción ya implica ignorar hechos, saltarse matices, negarse a ver los grises, reescribir la Historia como si de un relato del medioevo se tratase, pero proyectándola en el presente.

El 7 de noviembre de 1938, tres aviones soviéticos bombardearon la pequeña localidad cordobesa de Cabra. El ataque causó 86 muertos y 117 heridos, en su totalidad civiles. La mayoría mujeres, niños y ancianos. El pueblo carecía de todo interés militar porque estaba muy lejos del frente. Si se trató de un error o no, el Gobierno republicano nunca lo aclaró. Al finalizar la guerra, se colocó una placa para conmemorar la tragedia.

Pues bien, si nos atenemos a la letra de la ley, esas mujeres, niños y ancianos del pueblo de la exministra Carmen Calvo no son víctimas. ¿Por qué? Porque el bando vencedor las contó como propias colocando esa placa que, por mor de la misma ley, debe ser retirada si no lo ha sido ya.

Y en ese relato maniqueo que convierten en ley, lo que separa el bombardeo de Guernica y el de Cabra es simplemente una placa. Nada más.

Según el proyecto de ley, “la legalidad republicana” es el fiel de la balanza. ¿Qué ocurre entonces con los republicanos que fueron asesinados por socialistas, comunistas o anarquistas porque eran ricos, porque iban a misa o porque militaban en partidos de derechas? ¿No son víctimas?

Y los que no eran afectos a Franco, pero no comulgaban con los excesos del bando republicano y se les mató o encarceló por ello, ¿lo son?

Los miembros de los tribunales populares que asesinaron y torturaron a los “enemigos de la república y de la libertad” en nombre de la legalidad republicana y fueron castigados por ello, ¿son más víctimas que todos los anteriores?

Y las monjas violadas por los milicianos. ¿Les hace menos mujeres su condición religiosa y por tanto ya no se las considera víctimas?

O las checas en las que se impartía justicia republicana, ¿deben ser consideradas “lugares de memoria democrática” (como dice la ley) y ser señalizadas con fines didácticos? ¿Y Paracuellos del Jarama? ¿No fue la legalidad republicana (la Dirección General de Seguridad, la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid) quien ordenó la ejecución de más de 2.000 civiles? ¿Será también un “lugar de memoria democrática”?

66 folios de anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. 66 folios de puro revanchismo orwelliano.