En la Nochebuena de 2019, para una niña de 13 años tutelada por el Consell de Mallorca, lo más parecido a un regalo de Navidad fue salir viva de un viacrucis de violencia, culminado con una violación múltiple en un piso de Palma de Mallorca.

Realmente, no se trataba de su primera vez. Ese mismo año ya había sido hospitalizada dos veces más por otras tantas violaciones. En todas ellas lo había denunciado sin más consecuencias que el protocolo habitual: píldora del día después, tratamiento contra enfermedades de transmisión sexual y denuncia en el juzgado de guardia. Y de vuelta al centro de menores en el que, supuestamente, se cuidaba de ella a falta de una familia que, según los estándares de la Administración, pudiese hacerlo con solvencia.

Sin embargo, el hecho de que aquella vez fueran seis los agresores, convirtió esa siniestra rutina en noticia y descubrimos que no se trataba, en modo alguno, de un caso aislado.

Puestos los responsables de la Administración insular contra las cuerdas, tuvieron que reconocer que esas violaciones no eran más que la punta del iceberg de una realidad mucho más siniestra y bien conocida por sus cuidadores: prácticamente todas las menores del centro ejercían o habían ejercido la prostitución.

Después de conocer la terrible realidad que escondía aquella violación grupal, esperamos que, más allá de la investigación policial, se asumiesen responsabilidades, se encontrasen respuestas y se buscasen soluciones.

Estábamos hablando de menores bajo la responsabilidad de la Administración. Niñas que habían sido apartadas de sus familias sólo por el criterio (acertado o no)  de un trabajador social y sin que mediase necesariamente orden judicial alguna.  

Conocidos los hechos, era inconcebible imaginar que no se actuase en aquel mismo momento para atajar la situación. Como inimaginable era que, sabiendo esa realidad, no hubiesen hecho nada antes, fuese el partido que fuese el que estuviese al frente de la institución.   

Decía Romanones en una ocasión que lo que a él le daba miedo en términos políticos era “lo que se hace, lo que se hace y no se dice y lo que se dice cuando no se sabe qué hacer”.

Cuando el Gobierno de Baleares (PSIB-PSOE, Podemos y los nacionalistas de MÉS) se negó por primera vez a investigar el tema, pensé que sus burdas excusas eran las típicas del que no sabe qué hacer y pretende escurrir el bulto.

Cuando la Comisión Política constituida por el  Consell de Mallorca concluyó después de meses de trabajo  que “la principal causa de explotación infantil es que hay explotadores”,  sin que en su informe se abordase, ni por asomo, el problema concreto, ni se señalasen  responsabilidades, pensé también quÉ semejante desvergüenza respondía a que no sabían qué hacer.

Pero hoy, después de que los partidos del Gobierno autonómico se hayan negado hasta cinco veces a crear una comisión de investigación,   ya no lo creo. De hecho, siento que hay algo siniestro, más allá del coste político, en esa negativa a investigar la cuestión.

Las preguntas son sencillas: ¿por qué?, ¿qué hay detrás de esa oposición a llegar al fondo de la cuestión?, ¿de verdad es sólo la ineptitud?, ¿tienen algo que esconder?

El 19 de agosto de 2020 desapareció una niña del centro de menores tutelados de la localidad mallorquina de Santa María. No se supo de esa desaparición hasta este 18 de agosto (¡un año después!), en que SOS Desaparecidos publicó una alerta de búsqueda de la menor.

Preguntada en el Parlamento por esta cuestión, la presidenta balear, Francina Armengol, contestó que la niña estaba en contacto con el IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) y que con 17 años se había emancipado.

Ningún dato más, por supuesto, en ningún caso la mención de que la niña llevaba años prostituyéndose y consumiendo drogas, o que (según el testimonio de su padre) alguien vinculado con dicho instituto, la había acompañado a abortar.

A pesar de la respuesta de Armengol, la alerta de SOS Desaparecidos no se ha desactivado y ni la familia paterna ni la materna saben nada de la niña. 

El 14 de septiembre se detuvo a diecisiete personas vinculadas con la prostitución de las niñas tuteladas. Tres de ellas eran a su vez menores que captaban a otras jóvenes para ser explotadas sexualmente. El resto, proxenetas y clientes habituales. Y todo eso ocurría ante las narices de una Administración que sigue callando.

Repito: ¿por qué?