A pocos días del 18 de abril, la fecha limité que se impuso Estados Unidos para anunciar si reactivará algunas sanciones petroleras a Venezuela, está ganando terreno la idea de que las sanciones individuales contra miembros del régimen venezolano podrían ser más efectivas que los castigos comerciales para obligar al régimen de Nicolás Maduro a permitir candidatos opositores en las elecciones del 28 de julio.
La propuesta que circula en ambientes diplomáticos es que Washington y las democracias latinoamericanas y europeas impongan sanciones personales negándoles visas o confiscando los bienes a los más de 1.000 funcionarios y exfuncionarios del régimen de Maduro que tienen propiedades en Miami y otras ciudades de Estados Unidos, América Latina y Europa.
Nicolás Maduro da la bienvenida al presidente de Cuba en la inauguración de la cumbre del Alba. Reuters
Tan solo en el estado de Florida hay al menos 718 empresas de funcionarios o exfuncionarios venezolanos, según una investigación conjunta de 2022 del portal de periodismo investigativo Armando.Info y el Nuevo Herald. Al menos 232 de estos propietarios de empresas son militares activos o exmilitares, según el informe.
La mayoría de quienes aparecen en esa lista no están sujetos a ninguna sanción individual por parte de Estados Unidos.
El dirigente opositor y expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, me dijo que hay "más de mil, probablemente miles" de empresas adicionales de funcionarios y sus compinches en otros lugares de Estados Unidos, América Latina y otros países.
Ewald Scharfenberg, fundador de Armando.Info, me dijo que en el caso de Venezuela "las sanciones personales son mucho más efectivas que las económicas".
Lo que más temen los funcionarios venezolanos son las sanciones personales como las restricciones de visados, porque muchos de ellos tienen propiedades en el extranjero o quieren tener la opción de exiliarse en otros países. "Ellos quieren retirarse eventualmente en países como Francia; no a Cuba ni en Bielorrusia", me señaló.
Las sanciones comerciales son menos efectivas, porque Maduro muchas veces puede evadirlas las con la ayuda de Turquía, Irán y otros países amigos, me dijo Scharfenberg. Además, las sanciones económicas son usadas por Maduro como una herramienta de propaganda contra Washington, agregó.
"El régimen de Maduro ha creado un movimiento de opinión que dice que las sanciones económicas golpean al pueblo", me dijo Scharfenberg. "En cambio, las sanciones individuales a funcionarios venezolanos son mucho más quirúrgicas y mucho menos criticables".
El expresidente Barack Obama firmó en 2015 una orden ejecutiva que autorizaba el bloqueo de propiedades y la restricción de visas a los venezolanos involucrados en acciones para socavar la democracia o violar los derechos humanos.
Desde entonces, al menos 110 venezolanos han sido sancionados, entre ellos Maduro, su esposa y su hijo. Pero, según un informe del 26 de enero del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el Gobierno de Joe Biden no ha impuesto nuevas sanciones individuales a funcionarios o exfuncionarios venezolanos.
El expresidente colombiano Juan Manuel Santos me dijo en una entrevista pocos días atrás que las sanciones estadounidenses no obligarán a Maduro a permitir unas elecciones que podría perder. "Maduro nunca va a dejar el poder a menos que le ofrezcan un puente de oro, una salida digna", me dijo Santos.
Tal vez la mejor manera de presionar a Maduro para que permita unas elecciones libres sería una estrategia de "garrote y zanahoria": nuevas sanciones, por un lado, y garantías de seguridad personal para los dirigentes chavistas en el caso de que el régimen pierda el poder por el otro lado.
Pero es en el interés de Estados Unidos y todas las democracias latinoamericanas aumentar la presión para que Maduro permita una solución política a la crisis venezolana, y se detenga el éxodo de venezolanos al exterior.
Ya se han ido de Venezuela casi ocho millones de personas, y una nueva encuesta de Meganálisis muestra que el 40% de los venezolanos dicen que considerarían abandonar el país si Maduro es declarado ganador de la votación del 28 de julio. Eso equivaldría a 10 millones de emigrantes adicionales.
Es hora de que las democracias de todo el mundo anuncien como mínimo sanciones personales a los funcionarios de Maduro y sus familias para acelerar una apertura democrática. Ya estamos muy cerca de las elecciones del 28 de julio, y lo que está en juego no podría ser más crítico.
