Dice Carla Vallejo Torres, que se define en su cuenta de X como "jueza feminista", que en los mensajes de WhatsApp del fiscal general del Estado, que a ojos de media España demuestran la presunta comisión de un delito de revelación de secretos, ella sólo ve "a un jefe defendiendo a sus compañeros y la institución frente a noticias falsas". 

También ve (como diciendo "y esto sí que es verdaderamente grave") "a otros que no le cogen el teléfono". 

O sea, que Carla Vallejo Torres, la jueza feminista (lo de "jueza feminista" quiere decir que el acento está en el feminismo y no en la ley, como cuando el franquismo utilizaba el término "democracia orgánica" para definir una forma de gobierno sin relación alguna con la democracia), ve más censurable no cogerle el teléfono al fiscal cuando te exige que cometas un presunto delito que la comisión de ese presunto delito.

No es la única que piensa así.

Inés Herreros, fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, cree que los mensajes enviados por el fiscal general a la fiscal superior de Madrid "desmienten las mentiras vertidas sobre él y prueban su altísima profesionalidad. El fiscal cumplía con su obligación desmintiendo un bulo sobre la profesionalidad de los compañeros fiscales". 

Y añade "desmentir y proteger", que aspira a sonar tan épico como el "fuerza y honor" de Gladiator, pero que no es más que la cínica justificación de la actuación despótica de un organismo del Estado contra un ciudadano particular.

"Desmentir y proteger al presidente del Gobierno haciendo públicos datos privados de ciudadanos particulares". 

Esa sería la frase correcta.

Algo que, salvando todas las distancias, también podrían haber argumentado los organizadores de los GAL. El fin justifica los medios, la bondad del fin la decido yo en función de mis intereses particulares, y si los medios son ilegales, peor para las víctimas. ¡A mí qué me van a contar si sólo soy el fiscal general del Estado y estoy desmintiendo y protegiendo!

Ocurre, claro, que la defensa de "la profesionalidad de los compañeros fiscales" coincide, casualmente, con los intereses del Gobierno en este asunto en particular. Algo que el propio fiscal general reconoce cuando exige en sus mensajes que se publique la nota "para que no se imponga un relato que nos deja como mentirosos". 

Por simple curiosidad, he hecho una búsqueda en la ley 50/1981 de 30 de diciembre por la que se regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, la norma básica que regula dicha institución. Y la palabra "desmentir" no aparece por ningún lado.

Tampoco aparecen las palabras "relato", "bulos" o "compañeros".

El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz saluda a Pedro Sánchez.

El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz saluda a Pedro Sánchez. EFE

En ningún lado de la ley se dice que la función del fiscal general del Estado sea rebatir las declaraciones de los ciudadanos particulares en sus cuitas con Hacienda. Por más que esas declaraciones sean "bulos". 

Y mucho menos que eso pueda hacerse filtrando sus datos confidenciales. 

Desde que tenemos ministros que llaman "saco de mierda" a los ciudadanos, o presidentes que les lanzan al otro lado de un infamante muro (qué aficionado es el socialismo, por cierto, a construir muros), hemos normalizado la idea de que los políticos y los funcionarios arremetan contra los españoles en las redes sociales o en los medios de comunicación, generalmente de forma insultante, cuando no delictiva.

Llámenme anticuado, pero ese, el de gritar porco governo, debería ser un privilegio que, en una democracia funcional y medianamente educada, sólo disfrutaran los ciudadanos. Va en el cargo y en el sueldo de esos políticos y funcionarios públicos soportar eso que los tiquismiquis llaman "derecho a la defensa" y "libertad de expresión". 

Lo que no cabe en democracia, desde luego, es un Estado que le grite a los españoles ¡sporchi cittadini! 

O sea, "qué asco de ciudadanos". 

Pero si el rencor, el ego, el narcisismo o la fidelidad al califa les empuja a esos servidores del Estado a la verborrea y al "te vas a enterar chaval", el máximo que se les debería tolerar, especialmente a los de alto rango, es un elegante "las declaraciones del ciudadano X no se ajustan a la realidad de los hechos y el organismo X lo demostrará en su momento frente a las instituciones competentes". 

Y punto. 

En realidad, el caso Álvaro García Ortiz es bastante más sencillo de lo que pretende vendernos la sanchosfera mediática. 

El fiscal general del Estado le exigió por escrito a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, difundir una nota de prensa que incluía datos reservados de un ciudadano llamado Alberto González Amador porque eso le iba a servir al Gobierno para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al círculo familiar de Pedro Sánchez. 

Esa es la realidad y el resto, efectivamente, es relato. El del Gobierno y sus cómplices.