La negativa del PSOE a impugnar la candidatura de Arnaldo Otegi como candidato de la izquierda abertzale en las elecciones vascas abre una peligrosa brecha en el bloque constitucionalista en un momento especialmente delicado por el desafío independentista en Cataluña. El argumento de los socialistas de que la iniciativa política es innecesaria porque es la Justicia la que tiene que actuar es una burda excusa.
Arnaldo Otegi, que acaba de cumplir seis años y medio de prisión por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna siguiendo los instrucciones de ETA, fue condenado a inhabilitación para cargo público y sufragio pasivo. Aun así, hay un resquicio legal que es el que Otegi pretende utilizar para salvar ese escollo, y es que en su sentencia no se especificaban los cargos públicos a los que afectaba la inhabilitación, circunstancia que ya ha sido aprovechada en otras ocasiones para evitar la condena.
Frente a las víctimas
En cualquier caso, ese es un extremo que deberán determinar los tribunales. Lo que es incomprensible es que los socialistas prefieran ponerse en este asunto del lado del PNV y de Bildu; frente al PP, Ciudadanos y UPyD, y, sobre todo, de espaldas a las víctimas del terrorismo, que han solicitado públicamente a los partidos su ayuda para rechazar la candidatura de Otegi.
Incluso las manifestaciones de Otegi en las que reta a las instituciones del Estado -"no habrá tribunal, ni Estado, ni Guardia Civil, ni Ejército que me impidan ser candidato", ha manifestado- deberían ser un acicate para que los socialistas mostraran un mayor compromiso con la defensa de la legalidad y de las víctimas.
Tacticismo político
La posición de los socialistas sólo se explica por puro tacticismo, como un movimiento a la defensiva ante el notorio ascenso de Podemos en el País Vasco, que en las elecciones generales se convirtió en la fuerza más votada, por delante incluso del PNV. Hay asuntos de Estado que no deberían estar sometidos al cálculo electoral, y éste es uno de ellos.
Otegi, además de estar inhabilitado por la Justicia y de jactarse de atacar al Estado de Derecho, está diseñando para el País Vasco y Navarra un proceso independentista similar al catalán. "He venido a aprender del proceso", dijo en mayo tras la vergonzosa recepción que le ofreció la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Los partidos constitucionalistas deben cerrar filas frente a los intentos por romper España. El PSOE no se puede permitir el lujo de jugar a la indefinición en un asunto que es capital. Pedro Sánchez debería ser consecuente y rectificar.