La descripción de la Fiscalía de cómo se tomaban decisiones en la Junta de Andalucía que comprometieron el destino de millones de euros de dinero público durante una década produce sonrojo y vergüenza ajena. Según detalla Anticorrupción en su escrito de acusación por el caso de los ERE, las subvenciones a trabajadores y empresas se entregaban en contra de los criterios de la Intervención General, sin darles la obligada publicidad, modificando Presupuestos a discreción para sortear controles, asumiendo pagos sin cobertura presupuestaria, sacando de la gestión a los funcionarios y entregándosela a personal externo... En definitiva, al margen de los procedimientos establecidos.
Según el Ministerio Público, las personas que van a ser juzgadas por estos hechos, entre las que se encuentran nada menos que Chaves, Griñán y varios de los que fueron destacados consejeros de la Junta de Andalucía -caso de Magdalena Álvarez o Gaspar Zarrías- estaban al tanto de las irregularidades y no movieron un dedo por garantizar el buen uso de los fondos públicos, ni siquiera cuando la Intervención les hizo llegar memorias muy críticas con la tramitación y fiscalización de las subvenciones.
Escrito rotundo
La Fiscalía es rotunda en su escrito: los encausados, "con conocimiento de las deficiencias e irregularidades" detectadas, "no cambiaron el proceder" y siguieron actuando de la misma forma en sucesivos ejercicios. El argumento que en ocasiones se ha esgrimido desde la Junta en el sentido de que todo se hizo por bien, con la intención de mejorar la situación de personas en paro y de empresas en dificultades no se sostiene.
La realidad es que miles de andaluces en paro se vieron privados de sus derechos a acceder a las ayudas al no haberse tramitado con publicidad. Y al contrario, "al no establecerse el más mínimo mecanismo de comprobación", hubo quienes se beneficiaron de ayudas sin tener derecho a ellas e incluso quienes siguieron recibiéndolas después de haber encontrado trabajo.
Fraude millonario
La Fiscalía habla de una "malversación continuada" y cifra en 741 millones de euros el dinero defraudado. Para Griñán solicita seis años de prisión y 30 de inhabilitación; para Chaves, diez de inhabilitación por prevaricar. Todo ello permite hacerse una idea de la magnitud del caso: el mayor de la historia de la corrupción en España.
Que la actual presidenta andaluza haya tenido a ambos como padrinos políticos y todavía hoy siga defendiéndolos beneficia a Pedro Sánchez en un momento en el que se cuestiona su liderazgo en el PSOE y en el que la presidenta andaluza aparece como su alternativa natural. Da un respiro al PP, ya que le permite compartir el foco de la corrupción que venía acaparando en los últimos días. Estamos ante unos hechos que indican que la Junta fue una auténtica máquina de malversar durante una década.
