Pese a que jueces y fiscales no tienen la obligación de conocer el catalán, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sancionó a una magistrada por entender que incurrió en "desconsideración" y "escasa sensibilidad hacia el derecho a utilizar la lengua propia" de dos letradas.
En el recurso ante el Consejo General del Poder Judicial, la magistrada expone el "acoso" y el "acorralamiento" al que se vio sometida por las denunciantes. Tras explicarles que no entendía el catalán hablado, aunque sí el escrito, y sugerir la conveniencia de realizar el juicio en castellano o pedir el auxilio de un traductor, las abogadas hicieron casus belli del asunto, hasta el punto de que la denunciaron ante el Colegio de Abogados.
Poder del Estado
Es lógico que el personal de la Administración de Justicia no tenga la obligación de conocer las lenguas autonómicas, por cuanto es un poder del Estado y sus miembros pueden ejercer en cualquier punto del país.
El vídeo con el que acompañamos la información deja bien claro que la jueza se comportó de forma impecable ante la actitud beligerante de las abogadas. La decisión del TSJ catalán de apercibirla está, por tanto, fuera de lugar. Su misión debería de ser la de proteger a los jueces que ejercen su labor con profesionalidad en condiciones no siempre amables, como demuestra este hostigamiento.
Presión política
A un juez debe valorársele por su trabajo y no por su amoldamiento a la presión política o ambiental a lo que pueda considerarse políticamente correcto en un territorio en un momento dado. Por eso el CGPJ deberá ahora poner las cosas en su sitio y amparar a la jueza. La forma de actuar de las abogadas -¿tanto problema había en utilizar la lengua oficial de España?- deja patente que en el fondo no subyace una cuestión idiomática, sino ideológica, con la que se busca poner trabas a la convivencia.
Si se sanciona a esta juez, ¿qué jueces y fiscales querrán ir a desempeñar su profesión a Cataluña? ¿No será eso lo que buscan quienes persiguen a los funcionarios que llegan de otras partes de España y no pasan por el aro catalanista? El hecho de que la jueza en cuestión haya pedido el traslado tras este episodio y se haya marchado de Cataluña permite ver con absoluta claridad dónde está el problema.
