El Supremo ha desestimado el recurso de una mujer contra la puesta en libertad de su expareja, que ha pasado tres años y cuatro meses en la cárcel tras ser condenado injustamente por violar a su hijo de ocho años. Este fallo pone fin al calvario sufrido por Teodoro Leandre, pero en modo alguno repara el daño que ya ha sufrido. Los detalles del caso son tan escabrosos, las acusaciones tan espeluznantes y el proceso que lo llevó a prisión tan kafkiano, que resulta obligado no sólo ponerse en su piel sino tratar de desvelar cómo pudo fallar el sistema tan estrepitosamente.

Teodoro Leandre y su expareja se separaron en 2012 tras una arrebatada discusión que terminó en una orden de alejamiento de seis meses. Un día antes de que expirase el plazo, su exmujer lo acusó de abusar de su hijo, por lo que fue detenido, esposado, encarcelado de forma preventiva y finalmente condenado por una "sala contaminada": los miembros del tribunal tuvieron acceso a parte del sumario durante la instrucción del caso lo que les hizo tener una idea preconcebida.

La acusación

La mujer lo acusó de ver películas porno con su hijo, de practicar sexo con el perro de la familia en presencia del niño, de penetrarlo analmente y de mil perversiones sostenidas sin más pruebas que su versión. La defensa recurrió y el juicio se repitió tres años después. La nueva sala falló su puesta en libertad y advirtió de que los informes de los forenses no determinaban los abusos y que el niño -que ni negó ni confirmó la agresión- respondió inducido por la psicóloga e impactado por el "encarnizamiento terapéutico" al que fue sometido. 

Teodoro recuperó la libertad y ahora ha sido absuelto, pero ni ha recuperado el trabajo, ni se ha atrevido a volver a ver al pequeño por consejo de los expertos. No se puede determinar aún en qué medida este hombre fue víctima de la animadversión o el despecho de su expareja y al margen de que exista base para presentar una querella por denuncia falsa, su caso es tan injusto que obliga a sopesar todas las posibilidades por incómodas que resulten.

Automatismos

Acabar con la violencia de género -una de las obsesiones de EL ESPAÑOL- exige un rigor incompatible con automatismos precipitados por una legislación y unos protocolos que invierten la carga de la prueba y que discriminan penalmente a los hombres ante idénticos delitos. La lacra de la violencia machista es lo suficientemente grave -ya han sido asesinadas cuatro mujeres en España en lo que llevamos de año- como para exigir la máxima contundencia pero también toda la prudencia.

No se debe alentar la sospecha de que detrás de una denuncia puede haber una utilización espuria de los tribunales. Es más, hay que subrayar que en 2015 sólo dos de las 130.000 denuncias por violencia machista fueron declaradas falsas por los tribunales. Sin embargo, que su número sea excepcional no quiere decir que se deba excluir de antemano esta posibilidad cuando nos damos de bruces con casos como éste.

Las denuncias falsas por violencia de género y en el hogar, sobre todo cuando se descubren tarde, no sólo resultan irreparables para los inocentes condenados, sino que malogran la credibilidad en la Justicia.