La operación Diálogo ha saltado por los aires. Otra cosa es que Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría quieran darse por enterados y actuar en consecuencia, en lugar de seguir alimentando el espejismo de que, hablando con Junts pel Sí y las CUP, desistirán de su pulso al Estado.

Los secesionistas no se han apartado ni un milímetro de su plan desde que en 2010 la primera manifestación multitudinaria por el derecho a decidir abonó el delirio de la ruptura con España. Luego fueron las algaradas contra los recortes, que el independentismo aprovechó para agitar la campaña Espanya ens roba, las investigaciones por corrupción a la familia Pujol y dirigentes nacionalistas, el concubinato convergente-republicano y la grotesca consulta participativa del 9-N de 2014. De aquellos polvos -y del inmovilismo de Rajoy- estos lodos.

Nuevo escenario

El Estado se ha defendido con los instrumentos a su alcance, siempre un paso por detrás de las ilegalidades perpetradas por la Generalitat y el Parlament. Pero el escenario ha cambiado sustancialmente. La mayoría secesionista ha aprobado leyes de desconexión para dotar de marco legal el procés y los acontecimientos de la última semana prueban que la estrategia de la distensión emprendida por el Gobierno es ineficaz.

Mientras Santamaría tendía puentes, el juez que redactó el borrador de Constitución catalana -Santiago Vidal- alardeaba de que la Generalitat ha recabado ilegalmente datos fiscales y elaborado listas negras de magistrados contrarios al procés; una consellera animaba a los funcionarios a que el lunes se pidan el día libre para apoyar a Mas en el juicio por desobedecer al Constitucional y promover el 9-N; los antisistema llamaban a tomar la calle; y el expresident anunciaba la posibilidad de adelantar el referéndum unilateral de independencia.

Por si esto fuera poco, el responsable de Hacienda de la Generalitat ha dicho que el 1 de julio activará el programa informático para recaudar impuestos y la mesa del derecho a decidir ha anunciado una nueva campaña en Europa y en España para explicar por qué la consulta de independencia sí tiene encaje en el sistema legal español.

Coerción y proporción

Rajoy insiste en que "no se celebrará un referéndum ilegal" y su entorno desliza que podrían aplicar "medidas coercitivas" para impedirlo con "proporción". Las inconcreciones y medias tintas pueden servir para que Sáenz de Santamaría presuma de perfil dialogante, pero está comprobado que ni amedrentan a los separatistas -más bien al contrario- ni tranquilizan al conjunto de los ciudadanos.

Ha llegado el momento de que el Gobierno tome la iniciativa. El Ejecutivo debe poner sobre la mesa las medidas que piensa activar para defender la unidad de España, incluido el desarrollo detallado del artículo 155 de la Constitución -que permitiría incluso suspender la autonomía de Cataluña-, y buscar el máximo apoyo parlamentario.

Decir que se hará cumplir la ley no basta. Es preciso lanzar una advertencia al soberanismo y un mensaje de tranquilidad a la sociedad.