El comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid que denuncia una "campaña sistematizada de acoso personal y en redes" de Podemos contra profesionales de distintos medios de comunicación, señala unas prácticas que conocemos bien, porque las han sufrido algunos de nuestros periodistas de EL ESPAÑOL.
Hemos sido de los primeros en criticar esas actitudes concretas y también el planteamiento general de Podemos sobre la prensa, que Pablo Iglesias dejó muy claro cuando reclamó "mecanismos de control público" para las empresas periodísticas.
La oposición no quita directores
Dicho lo cual, creemos que Podemos no es la única amenaza ni la más grave que hoy tiene la prensa en España. Y es lógico que así sea, por cuanto quien tiene el poder para poner y quitar directores de periódicos, para castigar o premiar a periodistas, para dar o quitar concesiones de televisión, no es la oposición, sino el Gobierno.
Iglesias podrá ser realmente un problema para la libertad de información si llega algún día al poder, no hoy. La prueba es que ninguno de los periodistas que han sido presionados por Podemos y que han pedido amparo a la APM han visto afectado su estatus en los medios para los que trabajan.
Poder político y económico
Nos parece mucho más peligroso, por ejemplo, que el presidente del Gobierno afirme en sede parlamentaria que un periódico "tergiversa y manipula", porque eso significa poner el foco directamente en determinados medios y en determinadas personas. Así ocurrió en el caso de Pedro J. Ramírez, que acabó siendo despedido de El Mundo meses después de que Rajoy pronunciara aquellas palabras para desmarcarse de Bárcenas y de la corrupción.
Pero hay muchos otros casos. Manuel Altozano y Rafael Méndez se vieron empujados a salir de El País después de que publicaran que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tomaba decisiones que afectan a Telefónica, donde trabaja su marido. Y la periodista Esther L. Palomera fue despedida de La Razón porque, según se publicó en su día, resultaba "incómoda para Moncloa".
Son el poder político y ese poder económico que hace méritos para ganarse su favor, los principales riesgos para la libertad de expresión en España. Sobre ellos y su forma de proceder deberían poner también su atención las asociaciones profesionales de periodistas.
