Los cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional toman este miércoles posesión de sus cargos en un acto que concluye un relevo descaradamente pactado por los dos grandes partidos: cada uno ha promocionado a dos de los designados. El cambalache se consumará en próximos días con la sustitución de Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa como presidente y vicepresidenta del supremo intérprete de la Carta Magna.
Aunque constitucionalmente corresponde a los doce miembros del Alto Tribunal designar a esos cargos, durante el proceso de renovación han destacado, por sus injerencias, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ex secretario general socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
La negativa del resto de grupos a validar con su voto en el Senado el cambio de cromos ha servido para que la opinión pública compruebe una vez más hasta qué punto el Constitucional sigue interferido y colonizado por los intereses de la política, pero no ha evitado los vetos ni las llamadas directas a magistrados para condicionar y teledirigir la renovación.
González Rivas
La componenda está a punto de fraguar: si hace una semana varios jueces confesaban a EL ESPAÑOL sentirse "horrorizados" por la presión ejercida por la vicepresidenta para, a instancia de Rubalcaba, impedir la elección de Andrés Ollero como presidente de la institución, ahora parece que la promoción de González Rivas a la Presidencia está atada y bien atada.
No se puede dudar de la capacidad y honradez profesional de ninguno de los miembros del Constitucional, pero la forma en que en que se ha producido un relevo precocinado por cupos y la tutela ejercida por PP y PSOE degrada la imagen de la institución en pleno pulso soberanista.
El descarado control político de este relevo minará aún más la confianza de los ciudadanos en una institución fundamental del Estado. Veremos si el nuevo Tribunal es capaz de ganarse el crédito que los políticos se empeñan en restarle.