La condena de año y medio de inhabilitación que el Supremo ha impuesto a Francesc Homs por desobedecer la prohibición de celebrar el 9-N agrava la sospecha de que desafiar al Estado y saltarse las providencias del Constitucional sale muy barato en España.

Esta sentencia tan benévola se produce diez días después de que el TSJ catalán fallara penas similares contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, así que queda descartado que el Supremo vaya a ser más severo en la resolución del recurso de la Fiscalía. Al Ministerio Público más le vale en realidad ahorrarse el trámite. Así pues, tras conocer la condena a Homs, la sensación de fracaso parece -nunca mejor dicho- inapelable.

Entreguismo del Gobierno

Esta frustración ha sido macerada desde la primera gran diada independentista en septiembre de 2012 con la actitud apocada y entreguista del Gobierno. Pero también porque el separatismo no ha dudado en redoblar su desafío ante la débil respuesta de los tribunales.

La displicencia con la que el portavoz del PDeCAT ha valorado en Twitter el fallo, la gira madrileña emprendida estos últimos días por Mas para insistir en que la “independencia política” de Cataluña ya se ha producido y la inclusión de una partida para celebrar un referéndum en los Presupuestos de la Generalitat demuestran que los nacionalistas, lejos de arredrarse, están envalentonados.

Solo desobediencia

Y no es para menos después de cinco años tensando la cuerda y burlándose de las leyes y los tribunales sin que su proceder haya tenido apenas consecuencias. El Gobierno no fue capaz de parar el 9-N pese al veto del Constitucional; el Ministerio Público en el TSJ catalán redujo las imputaciones de los delitos a juzgar pese a que la querella inicial de la Fiscalía General del Estado incluía también malversación -la consulta fue sufragada con 4,7 millones- y usurpación de sus funciones; y las sentencias han quedado en prácticamente nada tras prevalecer el criterio de que la prevaricación era absorbida por la desobediencia. 

La sensación que queda es que burlarse del Constitucional, desafiar al Estado y promover una consulta ilegal con fondos públicos apenas tiene coste para quienes tensionan la convivencia y buscan romper con España, sino que les viene muy bien para hacerse pasar por víctimas sin serlo.