La filtración de un borrador de la ley de ruptura atribuido a la Generalitat de Cataluña, que este lunes ha publicado El País, hubiera sido sólo un episodio más en la estrategia de dramatización propagandística de los promotores del procés de no ser porque Mariano Rajoy en persona ha dado veracidad al documento. Paradójicamente, ha sido el presidente quien, horas después de que la Generalitat se desmarcase de este supuesto guion para la independencia “por estar desfasado”, ha confirmado la supuesta autenticidad del texto tildándolo de “chantaje” y de “amenaza al Estado”.
Se puede entender que el autor o los autores de un documento delictivo traten de eludir la acción de la Justicia, pero resulta insólito que el jefe del Ejecutivo advierta de que las autoridades de una Comunidad Autónoma están atacando a la “democracia” y, sin embargo, no ordene inmediatamente al Ministerio Público y a los cuerpos de seguridad que investiguen una sospecha tan grave relativa a un hecho concreto.
Delitos tipificados
El desmentido -a través de Twitter- de la Generalitat puede resultar creíble o puede ser sólo una añagaza para eludir la depuración de responsabilidades. Hay que tener en cuenta que el Código Penal establece penas de cárcel e inhabilitación -artículos 544 y siguientes- a quienes induzcan o propongan la sedición; que el reglamento del Parlament ha sido reformado adrede para aprobar una “independencia exprés”; que se han dado muchos pasos en pos de la ruptura y que no sería extraño, pues, que los independentistas intenten que la Justicia no tenga tiempo de perseguir el delito antes de su consumación.
Lo que supone un dislate, que sólo puede generar más inquietud y alarma, es que tras filtrarse el detalle de los mecanismos para activar la “República parlamentaria de Cataluña”, la respuesta de Rajoy sea sólo retar a Puigdemont a debatir cara a cara con él Congreso. Por supuesto que es en el Parlamento, y no en una negociación bilateral con el Gobierno o en una delirante rueda de prensa como la que ha protagonizado Puigdemont en Madrid, donde los separatistas deben someter a debate cualquier propuesta que afecte a la soberanía nacional.
Sin embargo, ello no impide que si el presidente ha constatado que autoridades públicas de la Generalitat han elaborado un plan para independizarse no active las pesquisas necesarias para perseguir a sus autores. Es verdad que ya antes ha habido rumores sobre la existencia de un borrador de Constitución catalana, pero no se trataba de una información tan detallada como ésta. Si la amenaza al Estado es ahora más grave, lo lógico es que el presidente responda con algo más que una inusitada vehemencia.
