La preocupación más que comprensible de la sociedad española y catalana ante la escalada de presión del bloque independentista se ve agravada por la intranquilidad que genera la inacción del Gobierno ante el desafío. Este martes, los principales representantes de la Generalitat, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza, han dado a conocer formalmente ante un millar de personas en el Teatre Nacional de Catalunya la denominada ley del referéndum, que pretende legitimar la consulta anunciada para el 1 de octubre invocando su “inalienable” derecho a la autodeterminación.

El argumento no puede ser más falaz, ya que este derecho, reconocido por la ONU en la década de los 60, vino a amparar a los países colonizados y no ha sido aplicado en Estados democráticos modernos. Pero ésta sería sólo la primera de las falacias sobre las que los independentistas tratan de legitimar su pulso al Estado.

Las trampas del proceso

Aunque no se puede obviar su vocación propagandística, la presentación de esta normativa, que declara al Parlament soberano para convocar un referéndum vinculante, no puede considerarse sólo como un ejercicio más de publicidad secesionista.

Estamos ante la exposición oficial de la ley diseñada por la autoridades catalanas y sus aliados de la CUP para activar la secesión sin cobertura legal, sin un censo electoral claro, sin la tutela de la Junta Electoral Central, y sin mayores garantías que el compromiso de neutralidad de los promotores de la ruptura.

La presentación pública de esta ley antecedería -según el plan previsto por Puigdemont- a su ratificación por la mayoría independentista en el Parlament. Es el colofón a una crisis de Govern en la que el presidente de la Generalitat ha dejado claro, con la destitución del consejero Jordi Baiget, que no permitirá la disidencia ni siquiera en las propias filas. Además, sus promotores han advertido de que tras la victoria del Sí declararán unilateralmente la independencia a las 48 horas, con la intención inequívoca de chantajear políticamente a los ciudadanos para embarcarlos en una ilegalidad y que legitimen con su voto -aunque sea para votar en contra- un proceso ilegal.

Un paso insuficiente

El Gobierno se limita a asegurar que el referéndum no se va a celebrar, pero la única medida fáctica que ha tomado es enviar una carta a 993 ayuntamientos catalanes para recordarles la obligación de “respetar la legalidad constitucional y estatutaria”. Se trata de un paso necesario pero a estas alturas insuficiente.

Ha llegado el momento de que el Gobierno actúe con toda la fuerza de la ley y de un modo proprocional a la gravedad del desafío. El Código Penal, que establece -artículos 544 y siguientes- penas de prisión para quienes “se alcen pública y tumultuariamente contra la aplicación de la Ley” y para quienes "provoquen, conspiren y propongan la sedición", encajaría muy probablemente en la deriva que ha tomado el procés. Es verdad que el acto de este martes carece de “efectividad jurídica". Pero no es menos cierto que ya hemos visto cómo multitudes independentistas organizadas acompañaban a altos cargos investigados a la puerta misma del TSJ catalán con el ánimo de amedrentar a los fiscales. 

En cualquier caso, si la aplicación de la vía penal es interpretable, no hay ninguna razón para que Mariano Rajoy no saque una tarjeta amarilla política a Puigdemont mediante la aplicación, en su primera fase, del artículo 155 de la Constitución.

El 155 de la Constitución

El 155 faculta al Ejecutivo a “previo requerimiento al presidente de la Comunidad”, adoptar “las medidas necesarias para obligar el cumplimiento forzoso” de la legalidad, incluida la suspensión del autogobierno. Los motivos que justifican la aplicación de este artículo son el incumplimiento “de las obligaciones de la Constitución” y actuar “de forma que atente gravemente contra el interés general”.

Aunque pueden existir dudas sobre si Puigdemont y sus aliados secesionistas han quebrantado de manera efectiva la Carta Magna, de lo que no cabe ninguna duda es de que sí han atropellado y atropellan insistentemente el interés general. La presentación de la ley del Referéndum, a la que seguirá en breve la de transitoriedad, constituye un esperpento cuya naturaleza histriónica no puede hacernos olvidar su parte más monstruosa y perversa.