Las autoridades catalanas están llevando a su máxima expresión el neolenguaje orwelliano. Si el lunes era Carles Puigdemont quien manifestaba que prohibir las urnas del 1-O supondría "un golpe de Estado", este martes, su consejero Turull aseguraba que cualquier actuación contra los convocantes del referéndum "atentaría contra los derechos fundamentales que contemplan los tratados internacionales".
Sin embargo, en una democracia lo que no se puede hacer es utilizar recursos públicos para organizar un referéndum ilegal. Precisamente para que den cuenta de los gastos del 9-N, el Tribunal de Cuentas acaba de citar a Artur Mas, a tres miembros del que fue su gobierno y a siete cargos intermedios de la Generalitat.
¿Tocará rascarse el bolsillo?
Todos ellos podrían tener que responder con su patrimonio personal por los gastos de la consulta ilegal, que se calcula costó a las arcas públicas más de cinco millones de euros. Que el lenguaje del dinero escuece y lo entienden a la perfección en la Generalitat lo demuestra el hecho de que Puigdemont y su vicepresidente Junqueras convocaran con carácter de urgencia una rueda de prensa para responder al Tribunal de Cuentas.
Tras insistir ambos en las críticas habituales al Estado, tachando sus actuaciones de "abusos" y "represalias", mostraron su solidaridad con los implicados. Pero está por ver que el gesto llegue a tranquilizarles ¿o están dispuestos a rascarse su bolsillo si llegara el momento?
Una ¿"respuesta serena"?
En ese mundo al revés en el que se ha convertido la política catalana, donde las palabras expresan lo contrario de lo que significan, Junqueras ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que den una "respuesta serena" al Estado. Pero lo que en realidad le interesa -y en ello está- es que haya tensión, para así calentar la calle en la Diada y también de cara al 1 de octubre.
A la neolengua de los separatistas hay que oponer el mejor lenguaje con que se expresa una democracia: el de la ley. Con toda su contundencia. Con toda su verdad.