La estrategia del Gobierno de actuar con cautela contra la campaña ilegal del 1-O a fin de no exacerbar más los ánimos y esperar a que el suflé separatista se desinfle no ha dado resultado. Como era previsible, ya se están encargando los independentistas de agitar los ánimos y calentar la calle.
Por ejemplo, a la acción puntual de los agentes de incautarse de más de un millón de carteles de propaganda del 1-O, ya han contestado los separatistas empapelando el centro de Barcelona y lanzando este aviso: "Por cada cartel que retiren, pegaremos diez".
Dos posiciones en el Gobierno
En el Ejecutivo conviven dos criterios: el de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, partidaria de aplazar lo máximo posible una intervención drástica, aunque ello suponga ponerse de perfil ante algunas provocaciones de los independentistas; y el de varios ministros que, como ha declarado García-Margallo a EL ESPAÑOL, hubieran preferido no dejar que el asunto llegara tan lejos.
Al Gobierno se le agotan los plazos: si Rajoy no reúne antes del viernes al Consejo de Ministros, ése será el último día para activar el artículo 155 de la Constitución, que contempla la intervención total o parcial de una autonomía. Según los propios cálculos del Ejecutivo, son necesarios un mínimo de cinco días para poder aplicarlo.
Naufraga la estrategia de la vicepresidenta
Por ahora, los hechos están quitándole la razón a Sáenz de Santamaría. El anuncio de intervenir las cuentas de la Generalitat que el viernes pasado hizo el ministro Montoro llega tarde. Hace tres meses podría haber tenido efecto, pero a dos semanas del referéndum no va a perturbar los planes de la Generalitat.
El PSOE -como la mayoría de los españoles, catalanes incluidos-, está convencido de que "el choque de trenes es ya irreversible". Por lo tanto, todo lo que sea demorar una intervención para impedir que se sigan cometiendo impunemente ilegalidades y continúe degradándose la situación no se antoja lo más razonable.