La Generalitat y el entramado independentista están aprovechando el ingreso en prisión de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para agitar la calle horas antes de que se cumpla el plazo dado por Rajoy a Puigdemont antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Este martes ha habido concentraciones multitudinarias y paros simbólicos en Cataluña para exigir la excarcelación de los Jordis -como se conoce a estos activistas de la sedición-, a quienes el independentismo considera “presos políticos”. Además, Ada Colau ha anunciado un “paro institucional” en señal de protesta, lo que supone utilizar el Ayuntamiento de Barcelona para presionar a la Administración de Justicia. Por su parte, el Govern ha recurrido a un lenguaje belicista para advertir a Rajoy de que no habrá “rendición”, mientras las asociaciones secesionistas promueven una “escalada de movilizaciones” que sólo puede agravar el clima de confrontación.
"Reiteración delictiva"
La victimización de los Jordis, aun esperada, responde a una maniobra espuria, a la que irresponsablemente se suman Podemos y las federaciones catalanas de UGT y CC.OO. con su apoyo a las protestas callejeras. Si los responsables de Ómnium y la ANC están en prisión sin fianza es porque la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela los considera responsables de orquestar el cerco a la Guardia Civil durante el registro a la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre en Barcelona; y porque existe riesgo de “reiteración delictiva” y de que oculten o destruyan pruebas.
Se trata pues de una medida preventiva extraordinaria que, en todo caso, pone en valor que la separación de poderes funciona en España: si algo no venía bien en este momento a la estrategia timorata de Rajoy era precisamente encontrarse con este escenario. Huelga decir que en nuestro país no hay presos políticos.
Un 155 sin concesiones
Los partidos constitucionalistas deben cerrar filas ante la estrategia del chantaje, que confirma que el separatismo no dudará en utilizar la paz social como moneda de cambio para doblegar al Estado y para tratar de evitar que sus dirigentes rindan cuentas ante los Tribunales.
El alcance de la movilización separatista debe servir de lección al Gobierno en su operación para restituir la legalidad constitucional y estatutaria. Sin el control de los medios de comunicación públicos como TV3 y el sistema de enseñanza, y sin cerrar el maná de las subvenciones públicas de que se nutre el secesionismo, será imposible acabar con la fractura social que ya se ha creado en Cataluña.
