Al Gobierno y los partidos constitucionalistas les incomoda la prisión preventiva de Oriol Junqueras y de los otros exconsejeros catalanes. Tan es así que la causa de su excarcelación rebasa el ámbito de las consideraciones desiderativas off the record para entrar en el de las presiones a jueces y fiscales a través de los medios.

El último ejemplo de este intento de influir en los tribunales es la filtración al diario El País de que el Ejecutivo “prefiere que los consejeros puedan hacer campaña” y de que confía en que el Supremo asuma toda la causa sobre el procés. El objetivo final: que todos sean liberados cuanto antes para no dar pábulo al victimismo independentista durante la campaña del 21-D.

De la Audiencia Nacional al Supremo

La semana pasada, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó prisión provisional para Junqueras y sus exconsejeros, mientras que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llanera pospuso la declaración de Carme Forcadell y los miembros investigados de la Mesa del Parlament, que declararán este jueves. Al explicitar sus expectativas horas antes de la citación, el Gobierno ejerce una presión inadmisible.

Si Junqueras y el resto de exconsejeros acusados de rebelión, sedición y malversación están en prisión es porque concurrían todos los supuestos previstos para decretar una medida tan excepcional: riesgo de huida, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. En el caso de Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament también hay un riesgo evidente de reiteración delictiva. Si quedan en libertad aprovecharán para hacer apología de los delitos que se investigan en plena campaña.

Responsabilidad de Rajoy

Es verdad que resulta insólito que en una democracia moderna los candidatos en unas elecciones vayan a hacer campaña uno desde la cárcel y el otro en busca y captura. Está claro que ellos se lo han buscado, pero la responsabilidad de esa anomalía también es de Rajoy, que nunca debió convocar los comicios sin esperar a que avanzara primero el proceso judicial. De haberlo hecho, en el momento de las elecciones, muchos de ellos -si no todos- habrían sido inhabilitados.

El presidente del Gobierno se ha parapetado detrás de jueces y fiscales durante todo el desafío secesionista y ahora pretende seguir haciéndolo para no apechugar con sus decisiones. Le estorba la separación de poderes y no le importa trasladar la imagen de que presiona a los tribunales. Aunque los primeros beneficiarios de su acción sean los golpistas.