Las irregularidades detectadas por EL ESPAÑOL en la concesión de una importante contrata de ambulancias en la Comunidad de Madrid revelan, en el mejor de los casos para la Administración que preside Cristina Cifuentes, una mala praxis. No es de recibo que a la empresa con más puntuación para ganar un concurso se la conmine a renunciar en beneficio de otra con todo tipo de presiones en los despachos.

No estamos ante una concesión menor, hablamos de un contrato de más de 70 millones de euros. Eso, unido al hecho de que la compañía finalmente beneficiada fuera Ferrovial, una de las principales constructoras del país, que se ha visto salpicada por algunos casos de corrupción política, debería obligar a los responsables de la Comunidad de Madrid a investigar el caso y a dar explicaciones.

Escándalo político

El asunto está judicializado y serán los tribunales los que finalmente decidan, pero políticamente el caso es un escándalo. De las grabaciones publicadas por EL ESPAÑOL se deduce que una de las preocupaciones de los responsables de la Consejería de Sanidad era que la oferta a la baja de la empresa licitadora, Ambulancias Alerta, pudiera generar conflictividad laboral, porque eso podría desgastar al Gobierno autonómico.

De nada sirvió que los directivos de la compañía negaran tal posibilidad, alegando su experiencia de 35 años como proveedor del sector público. "El tiro os lo van a pegar ahora o dentro de un mes", llegó a decir un jefe del SUMMA a los representantes de Ambulancias Alerta, que finalmente renunciaron al concurso. Hay que tener en cuenta que la mayoría de empresas que licitan dependen de contratos públicos para su supervivencia, y eso hace que los políticos tengann siempre la sartén por el mango.

Cinco millones más 

El traspaso de la contrata a Ferrovial significa que los madrileños tendrán que pagar cinco millones de euros más de sus impuestos para sufragar el servicio. Estamos, por otra parte, ante una compañía bajo sospecha: dos de sus directivos están imputados por presunto tráfico de influencias en el caso Palau, y el nombre de la empresa aparece también en Púnica y Gürtel. 

Lo peor de este tipo de casos es que siembran la duda. ¿Estamos ante un hecho aislado o es una práctica corriente? ¿Influyó en la decisión final la capacidad de interlocución y de presión de un gigante como Ferrovial frente a una empresa más modesta? ¿Debe poder seguir participando en concursos públicos una compañía involucrada en asuntos de corrupción? Cifuentes debería de ser la primera interesada en aclararlo.