Las dudas razonables acerca de la forma en que la presidenta de la Comunidad de Madrid obtuvo su máster y los indicios que apuntan a la posible existencia de un trato de favor hacia ella empujan a Cristina Cifuentes a la dimisión. Desde que estalló el escándalo hace dos semanas, no han dejado de acumularse en la Universidad Rey Juan Carlos pruebas de irregularidades en relación a ese título.
Es cierto que nadie ha podido demostrar hasta ahora que Cifuentes haya mentido, y que en un proceso penal su presunción de inocencia no habría sido destruida. Pero en el plano político su credibilidad ha quedado absolutamente mermada y, en esas condiciones, es imposible seguir ejerciendo como primera autoridad de la Comunidad de Madrid.
Mentiras y falsificación
Lo que ya está claro es que Cifuentes no ha podido demostrar que actuó de forma correcta y en términos irreprochables desde el punto de vista académico. Ella misma ha admitido que cursó el máster de una manera sui géneris, que se matriculó fuera de plazo, que no acudió a las clases y que no hizo los exámenes. Además ha sido incapaz de mostrar el trabajo que asegura que defendió ante el tribunal.
No sólo la explicación de la presidenta madrileña está llena de lagunas; la versión de la Universidad Rey Juan Carlos ha ido cambiando de un día para otro y existen elementos suficientes para hablar de mentiras, falsificación de documentos y utilización de personas para apuntalar el testimonio de Cifuentes. La institución deberá acometer su propia depuración de responsabilidades; por lo pronto, la investigación ordenada por el rector ya ha desenmascarado a Álvarez Conde, el director del polémico máster.
Maniobras para favorecerla
En cualquier caso, el hecho de que las maniobras para favorecer a la presidenta regional procedan de una institución que está bajo su competencia acrecientan las sospechas de que no sólo pudo ser beneficiada en su día para la realización del máster sino también ahora para encubrir las irregularidades de entonces. En tales circunstancias, bajo la sombra de la sospecha, Cifuentes no puede seguir gobernando.
En EL ESPAÑOL hemos esperado a escuchar a todas las partes antes de pronunciarnos, y ahora se ha añadido un hecho determinante: el envío a la Fiscalía de la investigación iniciada por la Universidad, lo que significa que se han encontrado indicios de delito. Y aunque nada conecta hoy a Cifuentes con esa investigación, es evidente que la única motivación de las posibles irregularidades habría sido favorecerla.
Hay que reconocer que Cifuentes ha sido beligerante con la corrupción y que el asunto del máster puede resultar para muchos un asunto menor, en relación sobre todo a otros casos. Pero precisamente para ser coherente con su trayectoria debería predicar con el ejemplo. Si dimitiera ahora y más adelante se demostrara su absoluta inocencia, habría preservado su capital político. Pero hoy su situación es insostenible. Lo lógico, en un sistema parlamentario, sería que tras su dimisión el PP eligiera a un sustituto para terminar una legislatura a la que apenas le queda un año.