Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco, anunció este martes que Pedro Sánchez está dispuesto a retirar de forma inmediata el recurso de inconstitucionalidad que el PP interpuso en 2017 contra la conocida como "Ley de Víctimas de Abusos Policiales". Una ley nacida para resarcir a los damnificados por la violencia policial en el País Vasco entre 1978 y 1999.

Evidentemente, tanto las asociaciones de víctimas del terrorismo como las organizaciones policiales han puesto el grito en el cielo. Y con razón. Arguyen que de esta manera se confiere al Ejecutivo vasco la capacidad de decidir en un asunto que compete directamente a los tribunales.

Relato a la medida

Es evidente qué es lo que busca el nacionalismo: favorecer el relato tendencioso que sobre la violencia en País Vasco ha defendido reiteradamente el mundo abertzale. Estamos ante la vía directa para acabar con la distinción entre víctimas y verdugos; o sea, el clásico argumentario de los proetarras sobre "el conflicto". 

El Ejecutivo vasco quedó totalmente desacreditado en este asunto cuando, el año pasado, la Secretaría de Paz y Convivencia cifró en 4.113 los presuntos casos de tortura... Un número que coincidía con el de denuncias, de las que sólo 202 fueron objeto de investigación judicial. 

Pago por la investidura

La gravedad es máxima, y no sólo porque un asunto como el esclarecimiento de la violencia policial lo despache una comisión política. O porque sea el propio Erkoreka quien adelante los próximos pasos del Gobierno central.

Parece claro que asistimos al pago, por parte de Sánchez, de la deuda contraída con el PNV por el apoyo a su investidura. En este caso, a costa de regalar al nacionalismo la herramienta para moldear a su antojo la memoria histórica más dolorosa. Y aunque al hacerlo se ataquen la verdad y la justicia.