Un año después del referéndum ilegal por la independencia auspiciado por las autoridades catalanas el balance es desesperanzador. La convivencia está rota en Cataluña. El separatismo se ha apropiado impunemente de los espacios públicos y no hay día que no se registren fricciones entre constitucionalistas e independentistas, en una dinámica que puede estar cebando una bomba de relojería.
La realidad es que cada vez resulta más asfixiante para los no nacionalistas vivir en Cataluña. Sólo hay que ver las cifras de funcionarios del Estado que piden un destino lejos de esta comunidad.
Pero además, la situación política es desalentadora. Si en octubre del año pasado había un presidente en la Moncloa titubeante y contemporizador, que se excusaba en su minoría parlamentaria para no tomar decisiones, su sustituto no es ya que esté en minoría, es que directamente necesita a los separatistas para continuar.
Legitimación del separatismo
La advertencia lanzada la semana pasada por Pedro Sánchez desde Estados Unidos de que si los independentistas "priorizan el conflicto" convocará elecciones, lejos de ser una posición de fuerza viene a demostrar que es Torra quien tiene en su mano el gong para dar la señal de ir a las urnas.
Esa situación es la que explica que el Gobierno se pronuncie un día a favor de sacar de la cárcel a los cabecillas del golpe y al siguiente se manifieste partidario de su indulto, o que el propio Sánchez plantee el referéndum de Quebec como un ejemplo para dar solución al caso catalán y que el Ejecutivo esté rebajando permanentemente la trascendencia de los desafíos de las autoridades secesionistas.
Aunque desde el Gobierno se insiste una y otra vez en que no se ha hecho ninguna renuncia concreta, la verdad es que crece la sensación de impunidad de quienes declaran abiertamente su intención de destruir el Estado desde las propias instituciones. Por tanto, sí cabe responsabilizar a Sánchez de contribuir a legitimarles.
Otro golpe en marcha
Lo cierto es que, un año después del 1-O, los independentistas han recuperado el control de los Mossos, están reabriendo todas sus embajadas, siguen controlando los medios de comunicación, continúan adoctrinando en las escuelas y se han apropiado de la calle. Con este panorama, ni siquiera puede servir de consuelo a los constitucionalistas que haya divisiones en el seno del independentismo por ver si se avanza más rápido o menos en pos de su objetivo.
La sensación general es la de que el Estado está desperdiciando la ocasión de sentar las bases para que no vuelva a producirse lo que Torra anunciaba este fin de semana: un nuevo golpe. El anterior lo pararon, básicamente, la Justicia, la movilización ciudadana y el Rey. Pero se echó en falta un Gobierno fuerte y decisión política. Igual que ahora.