El aniversario de la proclamación y suspensión inmediata de la República catalana ha envalentonado a los independentistas, que lejos de renunciar a su proyecto para destruir España anuncian una intensificación de sus ataques. La semana que ahora comienza va a ser clave en el desarrollo de los acontecimientos.

Este martes se presentará oficialmente en el Palau de la Generalitat el nuevo "Consell de la República", un pretendido gobierno en el exilio presidido por el fugado Puigdemont que celebrará reuniones periódicas en Waterloo. Existe el compromiso por parte de las fuerzas separatistas de que las decisiones que allí se tomen las asuma el Govern de Torra, lo que sería una auténtica burla al Estado.

Fiscalía y Abogacía

Tres días después, el viernes, está previsto que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado den a conocer su calificación de los delitos cometidos por los cabecillas del golpe secesionista. Existe una gran diferencia entre que los hechos sean catalogados de "rebelión" o de "sedición", y no sólo por la cuantía de las penas.

La realidad, preocupante, es que en los últimos días hemos asistido a un intento por parte del Gobierno de cuestionar la gravedad del delito. El propio Sánchez, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, llegó a sugerir que no hubo rebelión, por cuanto un golpe de Estado se asocia al que dan los militares o civiles armados a las órdenes de aquellos, algo que, obviamente no sucedió en Cataluña.

Dudas del presidente

La tibieza de Sánchez no hace presagiar nada bueno, como tampoco sus palabras a la prensa italiana en las que aseguraba este domingo que el problema en Cataluña se resolverá votando en algún momento un nuevo autogobierno que concite el apoyo de en torno al 70% de los catalanes. Al final, ¿va acabar teniendo premio rebelarse contra la Ley y romper la convivencia?

El independentismo no puede seguir fagocitando y poniendo en jaque al Estado. Es oportuno recordar a este respecto que casi 850 asesinatos no sirvieron para mover el Estatuto de Guernica. Por lo tanto, ni las amenazas de movilizaciones masivas por la sentencia del procés ni la presión que puedan ejercer 17 diputados sobre el destino de la legislatura (los 9 de ERC y los 8 del PDeCAT) deberían generar dudas en el Gobierno. Sánchez tiene que mantener la firmeza que la situación requiere.