La primera huelga de la era Sánchez llega en un ámbito tan vapuleado como el judicial. Colapsado por el exceso de trabajo -un 60% de los juzgados están sobrecargados-, a falta de una verdadera reestructuración que la actualice al siglo XXI, ha podido seguir funcionando mal que bien gracias al esfuerzo personal de sus profesionales.
Hartos de parches y de promesas incumplidas, este viernes están llamados a secundar la huelga los trabajadores de la Administración de Justicia, en lo que será el primer paro del sector en las últimas dos décadas. Cerca de 50.000 funcionarios de "a pie" podrían participar en esta movilización. El próximo lunes serán jueces y fiscales los que secunden los paros.
Malestar
A todos estos problemas de escasez de recursos técnicos y humanos, hay que añadir la tramitación de la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que los afectados consideran la "mayor agresión a sus derechos laborales", que introduce cambios en la gestión de personal, como la movilidad forzosa, o el impedimento de suplir las bajas de interinos.
Al malestar que provocan estas deficiencias, hay que añadir el que causa la injerencia de la clase política en la Justicia, lo que incide en el descrédito de sus profesionales. Estamos viéndolo estos días con la conformación del Consejo General del Poder Judicial, donde los principales partidos -a excepción de Ciudadanos- se han repartido el órgano como si de una tarta se tratara.
Insensibilidad
Sorprende la insensibilidad mostrada en este conflicto por la titular de Justicia, Dolores Delgado, sobre todo porque cuando era miembro de la Unión Progresista de Fiscales, se manifestaba contra el Gobierno del PP por las mismas reivindicaciones que hoy se ve incapaz de satisfacer.
La Administración de Justicia tiene sobradas razones para ponerse en huelga. Uno de los pilares del Estado de Derecho no puede ser ni maltratado, ni condenado a la precariedad sistemática, ni ser víctima de intereses políticos. Es la hora de la Justicia.