El fallo del Tribunal Supremo que eleva hasta los 15 años de cárcel las condenas a cada uno de los cinco miembros de La Manada hace justicia con los hechos ocurridos una terrible mañana de julio de 2016 en Pamplona. Y es así no por la mayor contundencia del castigo, sino porque la sentencia se ajusta exactamente a la realidad de los hechos.

La joven de 18 años que fue introducida en un portal y sufrió el ataque de cinco hombres no sufrió un mero abuso, sino una agresión sexual: lo que todo el mundo conoce como una violación. Es verdad que dos tribunales anteriores -la Audiencia de Pamplona y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra- no lo entendieron así, pero eso sólo explica que el Derecho dista de ser una ciencia exacta y que la posibilidad del recurso permite enmendar posibles errores.

Agravantes

El Supremo explica claramente en su sentencia que hubo una "situación intimidante" que hizo que la mujer adoptara una "actitud de sometimiento", y aplica al caso su doctrina sobre la suficiencia de la coacción en este tipo de casos en función de las características de los autores, de la víctima y de las circunstancias en que se produjo la agresión. 

Los jueces consideran además como agravantes la superioridad numérica de los atacantes y el trato vejatorio al que se sometió a la víctima, con grabación de vídeos incluida y el robo del móvil de la joven. 

Es cierto que las dos resoluciones anteriores de los tribunales motivaron amplias protestas en las calles y que hubo críticas absolutamente fuera de tono, como hablar de "justicia machista" o presentar a los jueces como cómplices del delito. Tan cierto como que los magistrados del Supremo han dictado sentencia a espaldas de cualquier tipo de presión.

Más casos

Resulta ridículo que haya dirigentes políticos que cuando las resoluciones van en la línea de sus preferencias se jactan, como ha ocurrido ahora con Pablo Iglesias y otros, de que los tribunales han actuado así gracias a sus denuncias. La prueba de que es una falacia la tenemos en la estéril movilización para evitar la condena de los agresores de los dos guardias civiles y sus novias en Alsasua. 

Juzgado y definitivamente sentenciado el caso de La Manada, y a la espera de juzgar otros casos similares, el Parlamento debe actuar cuanto antes para aclarar la legislación sobre el delito de violación, de manera que no exista margen de interpretación para discernir entre el abuso y la agresión sexual.