En vísperas de la primera sesión de la investidura de Pedro Sánchez, la Junta Electoral Central ha decidido cesar a Quim Torra como diputado autonómico en el Parlament y ha retirado la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras. En el caso del presidente catalán, concurre una causa de inelegibilidad sobrevenida tras su condena a inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Cataluña por negarse a retirar los lazos amarillos en el Palacio de la Generalitat durante la campaña electoral, como le había ordenado reiteradamente la JEC.

En el caso del líder de ERC, condenado por el Tribunal Supremo por un golpe sedicioso, la Junta Electoral Central anula su mandato como miembro del Parlamento Europeo también por causa de inelegibilidad sobrevenida.

Criterio 

Qué duda cabe de que la JEC ha actuado, a nuestro entender, con un criterio razonado y razonable en el ámbito de la administración electoral. Hoy queda probada su relevancia como órgano garante de la limpieza y la imparcialidad de todos los procesos electivos, claves en un sistema democrático. Por ello, resulta de todo injustificable el desprecio que la socialista Adriana Lastra ha hecho de la Junta Electoral cuando ha afirmado que en el PSOE "tienen serias dudas" de que "sea competente" porque, abunda, es un "órgano administrativo" y no "un tribunal".  

Hay cierta justicia poética en que sea la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), la legislación que aplica la Junta Electoral, la que acabe con las expectativas de que alguien que dirigió el proceso unilateral de secesión de Cataluña -y que estuvo a punto de dinamitar el régimen constitucional español- ejerciera como representante de España en el Parlamento Europeo.

Vodevil

Lo que está sucediendo debería llevar a los legisladores a tomar nota de las deficiencias de una normativa que ha desencadenado todo este vodevil entre el TJUE, Estrasburgo, el Supremo y con escala en la JEC. En el origen del dislate está que la ley electoral permita concurrir a las elecciones a presuntos delincuentes en prisión preventiva (¿qué pensaríamos si, en vez de un encausado por sedición y malversación, se sentara en el Parlamento Europeo un violador de menores o un asesino múltiple?) o a presuntos delincuentes prófugos, como Puigdemont o Comín.

No es un consuelo con lo que se avecina, pero la posición de la JEC nos ayuda, al menos, a clarificar el panorama que hoy inicia nuestro país. Torra ha anunciado que seguirá siendo presidente y ERC se reúne este sábado para articular su "calendario político inmediato". La incertidumbre hasta el final.