Tras seis semanas de vigencia del Estado de alarma, el presidente solicitará el miércoles al Congreso una nueva prórroga. Sería la cuarta consecutiva y a partir del 23 de mayo España podría afrontar esa "nueva normalidad" a la que apela el Gobierno.
De momento, los cálculos más optimistas del Ejecutivo sitúan en 2023, año electoral, el momento en el que la economía española pueda abandonar un agujero que atrapará a seis de cada diez españoles.
Posición unívoca
La realidad es que, hoy por hoy, Pedro Sánchez no goza de la seguridad de que el Hemiciclo alargue la excepcionalidad por otros quince días. El argumento del Ejecutivo es que "no hay plan B" y que sólo el estado de alarma puede mitigar los efectos de la pandemia. El Gobierno persiste en llevar a cabo una salida unívoca de la crisis, con el consiguiente desgaste de su credibilidad. Mientras, el panorama económico no soporta que la excepcionalidad pase a ser sistémica.
De hecho, todas las medidas sociolaborales aprobadas por el Consejo de Ministros se han aferrado a esa excepcionalidad derivada de un instrumento jurídico como es el estado de alarma.
La transparencia
Además, el uso y abuso de esta figura constitucional puede abundar en un progresivo deterioro de la calidad y de la transpararencia democráticas. La práctica inexistencia del control parlamentario se cifra en más de 3.000 preguntas y requerimientos sin respuesta.
El planteamiento maniqueo y unilateral que Pedro Sánchez está haciendo en este momento del partido sólo puede ir en su contra. Si la realidad es que no hay más plan que el suyo en la lucha contra el virus, debería de inmediato pactar con Pablo Casado los términos exactos de la desescalada y de la recuperación de nuestro país. Es el pacto fundamental que en este momento exigen los ciudadanos.
