Okupar una vivienda en España sale muy barato. En los últimos días hemos asistido a un incremento de esta práctica en toda España con la consiguiente alarma social. Las víctimas de estas acciones asisten impotentes al expolio de su propiedad por culpa de una legislación que no vela como debiera por sus derechos.
Casi todos conocemos algún caso. Los legítimos propietarios de las viviendas tienen que enfrentarse la mayoría de las veces a un calvario judicial, agravado por la desesperante lentitud de estos procedimientos.
Ley nefasta
Los datos son muy preocupantes. Según las últimas cifras, 12.000 personas sufren okupaciones. Dicho de otra forma: cada día son okupadas, de media, 33 viviendas. La razón hay que buscarla en una legislación nefasta, que en un errado intento por garantizar el legítimo derecho a la vivienda, contemplado en el artículo 47 de la Constitución, a la hora de la verdad protege a aprovechados y sinvergüenzas, e incluso a las mafias.
La propia legislación no discrimina entre aquellas ocupaciones que obedecen a una causa de fuerza mayor de la violación injustificable de la propiedad privada. Y aunque el Gobierno aprobó en 2018 una Ley de desahucio exprés para aligerar las desokupaciones, es insuficiente por los plazos que comporta.
Alternativas
La solución, como plantean algunos especialistas a EL ESPAÑOL, pasaría por recursos judiciales y procedimientos especializados para resolver estos casos cuanto antes. Pero en el plano político sigue sin haber consenso: el centro y la derecha abogan por leyes más expeditivas mientras la izquierda pone el acento en garantizar un techo a quien lo necesite.
Hasta cuatro proposiciones sobre este asunto se debatirán en septiembre en el Congreso, síntoma de la preocupación existente en torno a este asunto. Urge dar soluciones a los ciudadanos: a los propietarios hay que garantizarles que sus bienes no son enajenados por la fuerza; a las personas que necesitan una vivienda hay que facilitársela para que puedan vivir dignamente, pero no a costa de sacrificar la propiedad privada.
