El primer trimestre de 2021 se acerca con el temor de los negocios a no recuperar su actividad y el de la banca a una avalancha de impagos y ejecuciones. Las entidades financieras son parte de la solución a la crisis socioeconómica provocada por la Covid, y por esa misma razón advierten del panorama desolador y peligroso que se avecina.

El Gobierno avaló al inicio de la pandemia une enorme montante de créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y confiando en que al cabo de un año la situación habría mejorado, dio ese periodo de carencia a las empresas beneficiarias. El vencimiento, pues, llegará en los meses de marzo y abril y a partir de ese momento, los bancos deberán cubrir los porcentajes no consignados por el Estado que no puedan afrontar los deudores. Si esta situación llegara, tendrían que ejecutar los préstamos.

Panorama desolador

Es evidente que el Gobierno debe actuar para evitar el colapso de las empresas y de las entidades financieras: de ahí que, como haya pedido el PP, sea imperativo aumentar el periodo de carencia -el tiempo a partir del cual se empieza a abonar el préstamo- un año más, mientras que las empresas buscan la manera de recibir capital.

El Ejecutivo debe actuar con urgencia si no quiere someter a pymes y autónomos a una muerte más que anunciada por los indicadores económicos -Moncloa reconoce una caída del PIB superior al 11% que algunos estudios de entidades privadas elevan hasta el 14%-. Y posee herramientas para conseguirlo.

Para ello hay varias salidas que van desde la ya citada ampliación del periodo de carencia a una regulación más clara y a una futura revisión de las condiciones en las que el Estado concede los préstamos. Por eso el diálogo entre banca, Ministerio y empresarios es perentorio.

Difícil ecuación

Cualquier ampliación temporal de estos préstamos públicos, frente a Europa, requeriría de una nueva renegociación de la deuda: un ingrediente más de incertidumbre en esta difícil ecuación.

La propia realidad de la crisis empujará a las empresas hacia la morosidad si no se actúa a tiempo. No cabe que el departamento que dirige Nadia Calviño se quede cruzado de brazos mientras los ingresos siguen cayendo y las deudas adquiridas para hacer frente a este problema parecen inasumibles a menos de seis meses de que toque empezar a pagarlas.