Con el voto en contra de PP y Vox, y el respaldo de Ciudadanos, la ley de eutanasia camina ya hacia su aprobación definitiva, que tendrá lugar durante los primeros meses de 2021. España se convierte así en el sexto país del mundo que despenaliza la eutanasia. 

En esencia, la ley detalla los requisitos que deberán cumplir aquellos que soliciten la eutanasia para que esta sea aprobada por una Comisión de Garantía y Evaluación autonómica. En el proceso participarán un mínimo de tres médicos y un jurista, además del presidente de la mencionada Comisión. Además, la voluntad de morir deberá ser confirmada por el paciente en hasta cuatro ocasiones. 

Una mera cuestión de prurito moral recomendaba que el debate por la eutanasia fuera ajeno a la batalla política. La eutanasia, por su propia naturaleza, no es un estandarte de la derecha ni de la izquierda porque en ella interfieren la moral, las convicciones religiosas, las experiencias personales e incluso los miedos de los ciudadanos.

Tan respetable es la opinión de aquel ciudadano que teme morir con dolor y sin ser dueño de su destino en los momentos finales de su vida como la de aquel que teme que el Estado se arrogue una prerrogativa absoluta sobre el destino final de los españoles y decida qué vidas merecen ser vividas y cuáles no. Ambas opiniones son legítimas y deben ser respetadas y amparadas por un Gobierno que aspire a representar a todos sus ciudadanos. 

Tal y como ha defendido este periódico en el punto 20 de sus 30 obsesiones, el derecho a una muerte digna debe ser regulado por el Estado, pero ha de ser cada persona, sin imposiciones y con garantías, la que decida cuándo poner fin al sufrimiento y la enfermedad. Nunca un médico o un funcionario. 

Para esto, es indispensable el testamento vital, pero también, como estima la futura ley, que el facultativo pueda recurrir a una cláusula moral para negarse a aplicar la eutanasia. En este sentido, las disposiciones de la ley parecen cumplir con todas las garantías jurídicas, médicas y éticas que cabe esperar de un Estado de derecho.

Apropiación política 

Que una pequeña parte de la clase política trate de generar un clima de opinión en el que el derecho a una muerte digna se contrarreste con argumentos economicistas, o en el que se defienda la muerte como una conquista estrella del progresismo, es desenfocar torticeramente el debate. Decidir el momento de tu muerte no es progresista ni reaccionario, de la misma forma que no es progresista ni reaccionario decidir vivirla hasta el último aliento.

La sociedad española, que ha demostrado más madurez que su clase política en este asunto, ha aceptado con total normalidad la obviedad de que ningún médico debe ir a la cárcel por ayudar a morir a quien lo ha exigido de forma clara y libre. La ley, en este sentido, siembra sobre terreno fértil.

No se trata, pues, de un asunto de izquierdas o de derechas, sino de convicciones morales. Un ejemplo de que no es lícito confundir ambos planos lo tenemos en la posición del socialista Paco Vázquez. Entrevistado por EL ESPAÑOL, Vázquez defendió, y con razón, que se puede ser de izquierdas y la vez defender la vida al amparo de las creencias más profundas. 

Lagunas de la ley

Como ya es marca de fábrica de este Ejecutivo de coalición, las prisas por ejecutar la agenda ideológica de los miembros más radicales del Consejo de Ministros han acabado derivando en los habituales atajos procedimentales. Tal y como denuncia el PP, los informes de los expertos en bioética, pero también de los juristas, han brillado por su ausencia.

Pero tiene también razón la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cuando pone en la balanza los avances en la libertad individual de los ciudadanos. El riesgo de que los partidos de extrema izquierda insistan en una cultura de relativización de la muerte, permitiendo que el Estado pueda suicidar a alguien que, por ejemplo, padezca una depresión, están ahí y sería tan absurdo negarlos como imprudente despreciarlos. Pero la ley de eutanasia que nacerá en breve es lo suficientemente garantista como para no merecer, por ahora, mayor sospecha por parte de los ciudadanos. 

Sólo con empatía, humanidad y sin apriorismos ni sectarismos ideológicos puede, en fin, abordarse un debate que genera conflictos morales tanto a derecha como a izquierda.