La falta de un plan de vacunación nacional con criterios comunes para todas las comunidades autonómas, es decir de un protocolo sanitario con pies y cabeza, ha derivado en una rocambolesca carrera de las regiones por vacunar a quien sea, cuando sea, como sea. 

Fruto de esa improvisación, que nace de la incomprensible decisión del Gobierno de delegar la gestión de la pandemia en las autonomías, es el caos que podemos ver estos días y que ha llevado a algunas regiones a agotar las vacunas sin tener la seguridad de que las próximas remesas llegarán a tiempo o en la cantidad comprometida.

Políticos de varios partidos vacunándose para "aprovechar" las dosis supuestamente sobrantes. Vacunaciones masivas de sanitarios que no están en primera línea de la lucha contra la Covid-19. Familiares de ingresados en residencias siendo vacunados junto a sus mayores.

En estos momentos hay en España un millón de personas que han sido vacunadas con la primera dosis y que están a la espera de la segunda. De acuerdo a los datos de Sanidad (260.799 vacunas sin inocular y 351.000 por llegar), aproximadamente 400.000 de esos españoles no podrán ser vacunados con su segunda dosis. Lo que equivale a tirar a la basura esas 400.000 dosis. 

Esas son las consecuencias de la renuncia del Gobierno central a poner orden en lo que ya puede calificarse, sin temor a exagerar, de un circo autonómico de 17 pistas. 

Inflando las cifras

Los motivos de este caos son fáciles de adivinar. En el caso de los políticos, las prisas por saltarse la cola aprovechándose, en una decisión que roza la prevaricación, de la autoridad que concede su cargo. No sería de hecho extraño que algunos de esos políticos fueran en breve demandados por los abogados de los familiares de aquellos que, como colectivo de riesgo, deberían haber sido vacunados antes que ellos. 

En el caso de los sanitarios, la explicación es el hecho de que su vacunación en serie permite inflar rápidamente las cifras de vacunados para no aparecer así en las portadas de la prensa como una comunidad perezosa. La decisión del Gobierno de privilegiar en el reparto de vacunas a las comunidades que vacunen con más celeridad es un criterio razonable, pero genera incentivos perversos y este es uno de ellos. 

En el caso de los familiares de los ingresados en residencias, la explicación es probablemente la de no desechar dosis de forma innecesaria (la vacuna, muy delicada, corre riesgo de perder su eficacia si tarda en ser devuelta al hospital o transportada hasta otro centro de ancianos). 

Coherencia y flexibilidad

Este es, de hecho, el único argumento razonable que justifica la vacunación de ciudadanos a los que no les corresponde todavía su dosis por no pertenecer a ninguno de los principales colectivos de riesgo o de vacunación prioritaria.

En este sentido, la opinión de EL ESPAÑOL es clara: los protocolos deben ser comunes y racionales, pero también deben permitir la suficiente flexibilidad como para que ni una sola vacuna sea desechada innecesariamente.

Y de ahí lo absurdo, por no decir lo insultantemente frívolo, de la orden del presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, de castigar sin su segunda dosis a los políticos que se han vacunado saltándose la cola. Que todo un presidente regional sea incapaz de entender que eso equivale a tirar a la basura una dosis es señal de la alarmante degradación de la calidad de nuestra clase política.

Si hay que castigar a esos políticos, que sea forzando su dimisión, no malgastando vacunas que han costado dinero a los españoles en un gesto más propio de un caprichoso rey sol de otras épocas que del presidente de una administración local del siglo XXI. 

Eficiencia empresarial

El plan de vacunación que defiende EL ESPAÑOL debe ser elaborado lo antes posible y con criterios de eficiencia empresarial.

También debe incluir a la sanidad privada, apartada (al menos de momento) de la labor de vacunación por vetustos prejuicios ideológicos, que no sanitarios.

De hecho, no es improbable que, a la vista del caos de esta primera oleada de vacunaciones, el Gobierno acabe rectificando y otorgándole un papel protagonista a la sanidad privada en futuras oleadas. Sería una buena decisión. Y no tanto por lógica como por necesaria.