Canarias es hoy una cárcel. Es una cárcel para miles de inmigrantes ilegales cuya intención era la de continuar viaje hasta el continente y que han visto frustrados unos sueños irreales y fomentados de forma irresponsable por activistas y organizaciones no gubernamentales con intereses dudosos (que deberían ser investigados por la UE).

Sueños, además, de los que esos inmigrantes deberían haber sido descabalgados mucho antes de subirse a una patera y arriesgar su vida para nada.

Y es una cárcel para los ciudadanos canarios, que deben convivir ahora, lo deseen o no, con la violencia, los robos, el vandalismo y las amenazas de grupos de inmigrantes ilegales, menas en la mayor parte de los casos, que han hecho de su voluntad ley ante la pasividad del Gobierno central y el desbordamiento de la policía local.

Una situación que ha generado un segundo problema. El de la huida del turismo del que viven en muy buena parte las islas.

Cóctel explosivo

Cuatro alcaldes canarios explican hoy en EL ESPAÑOL cuáles son las consecuencias en la práctica de la llegada de miles de inmigrantes ilegales a las islas, más allá de esos discursos voluntariosos, siempre vaporosos y utópicos, que hablan de abrir las puertas de Europa a todo aquel que quiera llegar a ella.

Como si la capacidad de absorción de las sociedades europeas fuera infinita y esos inmigrantes tuvieran siempre fácil acomodo. 

La realidad es que no es así. En Canarias, cientos de ilegales han sido expulsados de los hoteles donde los había alojado el Gobierno por actos de vandalismo.

Una decisión absurda desde su inicio, la de alojarlos en negocios privados, y que ha tenido una triple virtud negativa. Ahuyentar al turismo, arruinar a los empresarios del sector y generar un nivel de inseguridad en las calles sin precedentes en Canarias.

El riesgo de estallido social en las islas es hoy más alto que nunca. Ese es el resultado final de la carencia de una política migratoria sensata destinada a desincentivar aquello que nunca podrá llegar a buen puerto salvo en una pequeña parte de los casos. 

La imposibilidad de repatriar de inmediato a sus países de origen a miles de inmigrantes (este miércoles llegaron 370 más a Lanzarote) les ha dejado en un limbo alegal que es el caldo de cultivo perfecto para el conflicto. 

Un conflicto espoleado por la frustración y la incertidumbre, y al que se añaden incentivos extremadamente perversos. Porque ¿qué tiene que perder un inmigrante ilegal que sabe que va a ser repatriado en un momento u otro a su país de origen? 

Peleas, robos y agresiones

Las peleas, los robos, las agresiones y las amenazas son ya el pan de cada día en las islas. Los alcaldes con los que hablado EL ESPAÑOL dicen sentirse abandonados por el Gobierno. Exigen seguridad y el realojo de los inmigrantes en los campamentos diseñados para albergarlos. Pero ¿de qué servirá al fin y al cabo ese campamento si los inmigrantes no están obligados a permanecer en él? 

"El 60% de los incidentes que se producen en el municipio" dice Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, "son protagonizados por menores. Han tirado muebles y piedras a la Guardia Civil. Hablamos de jóvenes de entre 14 y 17 años que están alojados en tres hoteles. Cada uno tiene 200 menas. También han agredido a monitores y educadores. Hay un nivel de inseguridad tremendo". 

Basta ese testimonio para entender la gravedad de lo que ocurre en Canarias. La principal obligación del Estado es la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Si esa cláusula central del contrato social es rota unilateralmente por un Estado que ostenta el monopolio de la aplicación efectiva de la ley, abandonando a su suerte a los ciudadanos frente a la violencia, ¿por qué van a respetar estos ese mismo contrato? 

Ese es el riesgo que corren todas las sociedades cuyo Gobierno decide hacer caso omiso de sus obligaciones por intereses de todo tipo. O por simple y llana incompetencia. 

¿Quiere España convertirse en un Estado fallido, aunque lo sea sólo parcialmente y en una de sus regiones tradicionalmente más desatendidas por los distintos Gobiernos del PSOE y del PP? Si ese no es el objetivo, Grande-Marlaska debe ponerse a trabajar de inmediato.

Canarias se está muriendo y el Gobierno parece más decidido a aplicarle la eutanasia por inacción que a salvarle la vida. Muchos en las islas se conformarían ya con unos sencillos cuidados paliativos. A ese extremo de desesperación han llegado los ciudadanos canarios.