Apenas bastaron unos minutos tras el fin del estado de alarma para darle la razón al alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida cuando este sábado afeó al Gobierno no haber aprobado "un plan B jurídico" que permita a las comunidades autónomas adoptar las medidas necesarias para el control de la epidemia.
Desprovistas de herramientas legales y dejadas al albur de la Justicia, las autonomías españolas (y no sólo la de Madrid, como algunos medios han intentado hacer creer de forma sectaria) vieron a cientos de jóvenes sin vacunar celebrar este sábado por la noche el fin del estado de alarma con fiestas y botellones masivos.
Sin pautas claras para la imposición de nuevas restricciones o para la prórroga de otras hasta que la vacunación esté mucho más avanzada de lo que lo está en la actualidad (el 80% de la población sigue sin inmunizar), las comunidades españolas se han visto obligadas a recurrir a sus respectivos tribunales superiores de justicia (TSJ).
Esos tribunales, convertidos sin desearlo en árbitros últimos de unas medidas cuyos criterios de validación deberían ser sanitarios y no jurídicos, han dictado ya resoluciones contradictorias acerca de las restricciones propuestas por sus gobiernos regionales: no en el País Vasco y Canarias, sí en Valencia, Cataluña y Baleares.
¿Por qué esa cacofonía de criterios? Nadie lo sabe. Y menos que nadie, el propio Gobierno que ha propiciado esa cacofonía con su irresponsable dejadez.
No hay debate
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha sugerido al Gobierno regional decretar el toque de queda para evitar nuevas concentraciones masivas. Según la delegada, el Gobierno central no debe tomar nuevas medidas porque las comunidades "tienen en su mano" las herramientas necesarias para la gestión de la pandemia.
Pero la delegada se equivoca. Porque, ¿qué garantía tiene la Comunidad de Madrid de que el TSJ no rechazará dichas medidas con el argumento, ya esgrimido por los TSJ del País Vasco y de Canarias, de que estas afectan a derechos fundamentales?
Al contrario de lo que insinúa la delegada del Gobierno, en este tema no hay debate alguno. El Gobierno, cuya gestión de la pandemia ha obedecido más a criterios de mercadotecnia política que estrictamente sanitarios, ha vuelto a sacudirse la responsabilidad de encima endosándosela a los TSJ y al Tribunal Supremo.
Lo absurdo del razonamiento de la delegada del Gobierno en Madrid se demuestra con una simple pregunta.
Si dentro de dos semanas estalla una cuarta ola en España, ¿a quién deberán los españoles exigir responsabilidades? ¿A un Gobierno que se ha borrado del cuadro? ¿A las comunidades que han logrado aprobar sus toques de queda? ¿A las que no? ¿A los tribunales que han decidido sobre esos toques de queda? ¿A los jóvenes que celebraron este fin de semana el fin del estado de alarma con botellones masivos?
Pacto PSOE-PP
EL ESPAÑOL lo ha advertido en repetidas ocasiones. El Gobierno debería haber negociado con el PP una ley de medidas urgentes sanitarias o la reforma del artículo 3 de la ley orgánica 3/1986 de 14 de abril para permitir la limitación de derechos fundamentales sin que sea necesario el paraguas jurídico del estado de alarma.
Si el Gobierno no quería extender el estado de alarma, la solución obvia era un gran pacto con el PP. Pacto que le habría permitido compartir la responsabilidad y el desgaste político asociado a una reforma de este tipo, que afecta a derechos fundamentales.
Pero el Gobierno ha actuado como el perro del hortelano, que ni comía ni dejaba comer, y ha preferido dejar en manos del azar sanitario y jurídico la salida de la epidemia. Los resultados de tan preclara decisión están hoy a la vista. Veremos cómo evolucionan las cifras de incidencia de la epidemia durante los próximos días.
Como ha dicho el barón socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, "si llega otra ola, a algunos les supondrá un adiós", en referencia nada velada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Resulta inevitable pensar que lo que subyace a la desastrosa decisión del Gobierno no es un razonamiento científico, técnico o sanitario acerca de la mejor manera de salir de la epidemia, sino un simple cálculo político.
El de evitar, a cualquier coste, que se visualice en el Congreso lo que es hoy una evidencia: que los acontecimientos de los últimos meses, y especialmente los resultados de las elecciones de Madrid, han puesto en el alero los acuerdos del PSOE con sus socios de gobierno. Es decir, que la mayoría del Ejecutivo es, hoy, ficticia.