El revelador informe del Banco de España conocido ayer vincula la subida del salario mínimo interprofesional (del 22,3% en 2019) con dos factores que, en su día, fueron anticipados desde la misma institución.

Primero, una caída en la creación de empleo asalariado a corto plazo. El órgano supervisor ha estimado esa caída entre el 0,6 y el 1,1%. Como hemos informado en EL ESPAÑOL, el aumento del SMI ha impedido que se generen hasta 184.000 puestos de trabajo desde entonces.

Segundo, una mejora de las condiciones de los trabajadores. Es cierto que más de un millón y medio se beneficiaron de la subida y que en torno al 90% de ellos mantuvo el empleo con un sueldo mayor. Pero los tiempos han cambiado y el PIB nacional se hundió un 11% el año pasado.

Ahí reside la importancia del cálculo del Banco de España. Porque llega pocos días después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social liderado por Yolanda Díaz reiterara su voluntad de volver a incrementar el SMI este mismo año.

Hay voces dentro del Ejecutivo que son conscientes del valor de la prudencia. Como ha dicho la vicepresidenta Nadia Calviño: “Tenemos que ser tremendamente cautos”. Y Pedro Sánchez, en este aspecto, tiene mucho que decir.

Anotarse el tanto

Dentro de la Moncloa se libra una disputa entre los dos socios de Gobierno. Ambos anhelan atribuirse frente a los españoles el éxito del aumento del SMI. Ambos, PSOE y Unidas Podemos, sellaron de forma conjunta el compromiso de alcanzar la meta de los 1.200 euros de SMI al final de la legislatura. Es decir, a dos años vista.

Pero esa ambición no puede poner una venda en los ojos a Sánchez, que tiene la última palabra. Y el presidente debe resistirse a los eslóganes de la izquierda populista.

Como ya apuntamos en EL ESPAÑOL, el Gobierno ha de estimular la inversión y la contratación y no abogar por medidas disuasorias ni mayores cargas fiscales para los empresarios. Porque esos empresarios pagarían el incremento de los costes laborales al tiempo que padecen la falta de liquidez. La medida, que pretende ayudar a los trabajadores, provocaría el efecto contrario al deseado.

Una nueva subida del SMI significaría, a corto plazo (y con los datos sobre la mesa), el cierre de las puertas del mercado laboral para cientos de miles de jóvenes. Y, a su vez, una mayor inseguridad laboral para los mayores de 45 años.

Un lujo que un país como España, con un grave problema estructural en el mercado laboral, no puede permitirse.

La recuperación, prioritaria

Más allá del entusiasmo del equipo de Yolanda Díaz, el Gobierno no debe precipitarse ni dar la espalda a las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus.

Es loable el esfuerzo del Gobierno por aproximar el SMI al 60% del salario medio que sugiere la Carta Social Europea. En nuestro entorno, Francia es el país que más se aproxima (con un 59%). España se encuentra hoy en torno al 53%, por encima incluso de países como Alemania (45%).

Pero un nuevo aumento del SMI en un contexto tan delicado dejaría graves secuelas en el tejido empresarial, que ha vivido un 2020 para el olvido. Y serían ellos, justo en el momento en que comienzan a recobrar el aire, quienes cargarían con un nuevo lastre para su supervivencia.

El objetivo del Gobierno de Sánchez no puede ser otro que aparcar el asunto del SMI y centrar sus energías (con ayuda de los fondos europeos y con la prevista mejora de los indicadores económicos) en la recuperación del más de un millón de empleos perdidos durante la pandemia.