Ni los eslóganes del Gobierno en defensa de los indultos ni las diatribas y los cantos corales de una manifestación callejera son el formato adecuado para el debate sobre un asunto de tanta trascendencia como la concesión del perdón político a los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo. 

La postura de EL ESPAÑOL es clara. Ese debate debe tener lugar en el Parlamento y con un pleno monográfico en el que tanto el Gobierno, como la oposición, como los partidos nacionalistas puedan exponer sus razones a favor y en contra de los indultos sin caer en la ramplonería de las arengas que hemos visto hasta el momento. 

El Gobierno debe, por tanto, convocar un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados en el que poder justificar con argumentos razonados, y razonables, el indulto de los presos del procés. Sin límite de tiempo y con luz y taquígrafos.

El camino, en fin, no es esa vía unilateral que esquiva el debate e ignora el criterio del Supremo y de la Fiscalía, además del sentir de la mayoría de los españoles, como demuestra el estudio que publicamos en EL ESPAÑOL.

Los indultos no son un tema menor y tienen la suficiente envergadura y trascendencia como para ser debatidos en las Cortes además de en las calles y en las portadas de los medios de comunicación. Porque ese perdón político debería ser política de Estado, y no política partidista. Y si lo es, que lo sea por razones de peso. 

Sánchez debe, además, demostrar ante la oposición y ante el resto de los españoles la utilidad pública y política de los indultos, como ha reclamado en estas páginas el exministro socialista de Relaciones con las Cortes Virgilio Zapatero. Algo que todavía no ha hecho y que cobra una mayor importancia a raíz de la aparición en el escenario de un nuevo elemento que no se puede ignorar: la carta de Oriol Junqueras.

El nuevo elemento

Es innegable que la carta de Oriol Junqueras, que el tiempo revelará como impostada o sincera, pone sobre la mesa un nuevo factor que, como mínimo, merece ser atendido. Si bien no cambia el escenario, su texto aporta algunos matices que no existían cuando se convocó el acto de Colón que se celebrará el próximo domingo.

Y es cierto que esa carta del presidente de ERC, donde prometió (sin disculpas) el fin de la vía unilateral y con la que asumió un desgaste que hasta el momento sólo alcanzaba al PSOE, no cambia la posición de EL ESPAÑOL. Pero sí nos arma de razones para convocar a los dos principales partidos del país a entenderse en el Congreso de los Diputados. 

Es además evidente que los dos actores protagónicos del independentismo catalán tendrán que someterse al escrutinio general. Mientras el Gobierno explica por qué cree que los indultos ayudarán a desinflamar la situación, Junts y Esquerra deberán mostrar sus cartas, lo que hará más difícil para ellos echarse de nuevo en el futuro al monte de la unilateralidad.

En cualquier caso, es incomprensible que, en un asunto que afecta a la unidad y la respetabilidad de España, los puentes vuelen por los aires antes de tiempo. Porque ni es lo más inteligente ni es lo que conviene a los intereses de España. La polarización no puede tener lugar en un asunto que, de ser tratado de forma ramplona, únicamente beneficiaría a las visiones más extremas del enjambre político.

Urge el consenso

Virgilio Zapatero introdujo dos aspectos en su tribuna que iluminan el camino del entendimiento para el Gobierno y la oposición. El primero, la importancia de que ambas partes alcancen un acuerdo siquiera parcial, o al menos que se manifiesten ciertos elementos de comprensión sobre un terreno común. 

Recordemos que la figura del indulto político ya se ha concedido en España hasta en tres ocasiones desde la instauración de la democracia. Y aquellos líderes no vivieron mayores facilidades que los líderes actuales.

El segundo, el hecho de que no podemos descartar que el mensaje trasladado por Oriol Junqueras (con su renuncia a la unilateralidad) hubiera cambiado, aunque sólo fuera en parte, la opinión de los magistrados del Supremo en el caso de haber sido publicado antes de la realización de su informe contrario a los indultos. 

Los españoles merecen un debate en condiciones sobre la utilidad pública de los indultos. Se lo debe el Gobierno, se lo debe la oposición y se lo deben unos partidos nacionalistas que no pueden salir incólumes, y sin el menor desgaste político, de un debate del que ellos van a ser los principales beneficiados.