Muy pocos esperaban ayer que el discurso de Pedro Sánchez en el Liceo de Barcelona estuviera cargado de razones sólidas que justificaran el indulto de los presos del procés. Pero hasta los más partidarios del perdón tendrán difícil esconder su decepción tras un acto en el que los argumentos sentimentales, cuando no irrelevantes o lisa y llanamente incoherentes, fueron todo lo que fue capaz de esgrimir el presidente del Gobierno.

En el teatro del Liceo, un escenario particularmente simbólico para la burguesía catalana, el presidente del Gobierno llegó a apelar al paisaje que nos queda tras la pandemia para justificar los indultos a los líderes del procés: "Nos ha hecho tomar viva conciencia de lo verdaderamente importante que es la vida". 

El cariz humanitario que Sánchez esgrimió podría haber servido para adornar su comparecencia y complementar argumentos de mayor solidez política y jurídica. Pero por sí solo, ese cariz humanitario resulta a todas luces insuficiente e ignora la comisión de delitos tan graves contra el orden constitucional como el de sedición o el de malversación de fondos públicos.

No son especialmente más relevantes las motivaciones incluidas en los informes individuales elaborados por el Gobierno y que estarán hoy sobre la mesa del Consejo de Ministros. 

Como explicamos hoy en EL ESPAÑOL, Moncloa considera que el indulto de Oriol Junqueras es esencial por "su peso indiscutible en la relación entre España y Cataluña" y por ser una "persona clave para restaurar la convivencia".

Pero, en este punto, el Ejecutivo incurre en una contradicción manifiesta.

Porque el líder de ERC podrá salir de prisión, pero no quedará liberado de su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Así que si su papel es fundamental para la recuperación de una relación política sana entre España y Cataluña, ¿por qué no permitirle regresar a la actividad pública? ¿No está el Gobierno generando así un nuevo mártir de la causa nacionalista? 

Argumentos jurídicos

En EL ESPAÑOL defendemos que un asunto tan relevante para la democracia española como el de los indultos a los presos del procés requiere de motivaciones jurídicas y políticas de peso que avalen ese perdón. Motivaciones que no pueden basarse únicamente en argumentos sentimentales o en desiderátums basados en la fe. 

Y si el verdadero motivo de fondo es la utilidad pública y la concordia, como esgrime el Gobierno, el planteamiento debe estar sustentado en realidades fácticas. No puede dejarse, en ningún caso, al albur de la esperanza.

¿Por qué contribuyen estos indultos a la concordia y no a lo contrario, como sugieren las reacciones de los líderes independentistas? ¿Por qué se reduce la decisión a un acto de optimismo ilimitado?

Porque si algo ha quedado patente en los últimos días, y el acto del Liceo no ha sido una excepción, es que mientras los gestos de concordia se acumulan en la paremiología de Moncloa, el desdén se consolida entre los socios y beneficiarios de los indultos.

Incluso en una ceremonia con la asistencia de empresarios y políticos afines se coló un militante del grupo independentista Arran. Quien, abrigado con la estelada, interrumpió el discurso de Sánchez con gritos de visca la terra y amnistía. 

Si el Gobierno no ha sido capaz de evitar la presencia de un radical en un acto en los que los asistentes fueron seleccionados con mimo, ¿cuáles son sus garantías de que será capaz de controlar al secesionismo en su conjunto? Porque si en algo han sido claros los independentistas es en su vocación de intentarlo de nuevo.

El último en afirmarlo ha sido el exconseller Joaquim Forn, que ha agregado el matiz de que volverán a hacerlo, aunque "de una forma distinta".

La buena voluntad

Los esfuerzos del Gobierno por abrazar el optimismo no terminan en Sánchez. Tampoco acaban en el presidente los argumentos que regatean con el arrepentimiento. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reivindicado por ejemplo que dicho arrepentimiento no es necesario. "Esto no es un ejercicio de confesión, esto es un Estado de derecho".

Ábalos ha añadido que "todas las medidas de sanción deben ir encaminadas a la inserción social". Pero ¿qué inserción social es posible con quien amenaza sin reparos con volver a cometer su delito?

También ha hablado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para apoyar los indultos como "la expresión de una voluntad de una sociedad de perdonar a quien ha cometido unos actos ilícitos".

Pero ¿a través de qué canales ha expresado la sociedad esa supuesta voluntad de perdón? ¿A través del voto al PSOE? ¿El mismo PSOE que se presentó a las elecciones prometiendo que nunca iba a indultar a los líderes del procés?

El Gobierno, en resumen, llega hoy al día clave de la concesión de los indultos sin haber hecho los deberes que debería haber hecho hace mucho tiempo. El de argumentar el perdón de los líderes del procés con razones políticas y jurídicas de calado, y no con simples expresiones de buena voluntad y una confianza rocosa, no basada desde luego en hechos, en que el independentismo descubrirá ahora, como por arte de magia y conmovido por el perdón de sus delitos, su amor por el Estado de derecho y su respeto por la soberanía nacional que le pertenece a todos los españoles.