La declaración de Santiago Abascal como persona non grata en Ceuta con los votos del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, la Coalición Caballas y el PSOE ha generado un terremoto político que Vox ha gestionado anunciando la ruptura de relaciones con el partido presidido por Pablo Casado, que se abstuvo en la votación.

La posición del PP ha sido resumida por el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid ha rechazado las "estrategias de señalamiento y hostigamiento de la izquierda" al mismo tiempo que ha censurado la agresividad de las "incendiarias" declaraciones de Vox contra la inmigración ilegal en Ceuta. 

Almeida está en la línea correcta. Las declaraciones de persona non grata, herederas del destierro por ostracismo de la Antigua Grecia, no tienen cabida en democracia. Se trata, además, de un arma que la izquierda y los partidos nacionalistas han utilizado una y otra vez para estigmatizar a sus rivales políticos, imbuidos de un espíritu más cercano al de un pequeño reyezuelo de taifa que al de un político democrático. 

Obviamente, las declaraciones de persona non grata no tienen trascendencia legal en un Estado de derecho. Pero este país cuenta con ejemplos históricos de sobra para saber qué ocurre cuándo una parte de los españoles se siente imbuida de ese redentorismo mesiánico que justifica condenar al destierro moral a la otra mitad de los españoles. 

Declaraciones inconstitucionales

La postura de EL ESPAÑOL es clara en este punto. Como ha defendido el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, las declaraciones de persona non grata deberían ser prohibidas por ley o, mejor aún, declaradas inconstitucionales. En una democracia no existen ideas non gratas, sólo delitos y delincuentes. "Las declaraciones de persona non grata son una práctica antidemocrática, tribal, repulsiva y que expulsa de la comunidad a las personas por su ideas" ha dicho Fernández. Estamos de acuerdo. 

Las declaraciones de persona non grata tienen además una larga historia en nuestro país. José María Aznar acumuló unas cuantas de ellas. La primera, cuando el pueblo mallorquín de Buñola le repudió (con el voto de los nacionalistas y de un concejal del PP díscolo) por su "conducta contraria al futuro de la humanidad" ¡pocas semanas después de ser víctima de un atentado de ETA!

Como explica la colaboradora de EL ESPAÑOL Pilar Marcos en este artículo, Aznar también fue declarado persona non grata por la Universidad Autónoma de Barcelona, centro neurálgico del radicalismo nacionalista más exaltado, al igual que la delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas, y el Cuerpo Nacional de Policía en pleno. 

Felipe González la recibió por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela por haber osado pedir garantías democráticas en el país y la libertad de los presos políticos. En febrero de 2016, Mariano Rajoy fue declarado persona non grata en su ciudad natal, Pontevedra, con los votos del BNG, el PSOE gallego y En Marea.  

Escasa cultura democrática

Las declaraciones de persona non grata tienen la particularidad de decir más de la nula cultura democrática de aquellos que las apoyan que de aquellos que las reciben. El nacionalismo catalán las ha utilizado una y otra vez contra el rey Felipe VI y contra políticos del PP y de Ciudadanos que les resultaban incómodos.

El PP se equivocó absteniéndose en la votación de Ceuta. Su negativa habría hecho que la iniciativa fracasara como lo que es: una práctica sectaria y primitiva que intenta forzar la estigmatización moral de un determinado personaje público ante la imposibilidad legal de prohibirle el acceso a la polis por la fuerza. 

Las declaraciones de persona non grata deben ser denunciadas frente al Tribunal Constitucional. Su uso en democracia es intolerable por el daño que hacen a la convivencia y por la crispación que generan entre los ciudadanos. Las declaraciones de Vox pretendían perturbar la siempre delicada convivencia en Ceuta y eso debe ser censurado. En las urnas y, en su caso, en los tribunales. No con estigmas moralistas.