El Gobierno se felicitó ayer por las cifras de empleo tras un agosto muy positivo. El número de cotizantes, en términos desestacionalizados, aumentó en un 0,39%. Es decir, en casi 77.000 trabajadores. El paro, por su parte, descendió un 2,42% respecto al mes anterior, incorporando 82.000 trabajadores más al mercado laboral.

Asimismo, el desempleo entre los menores de 25 años se redujo en 17.120 personas, un 6,52% menos que en julio. Un dato alentador en un país que supera en veinte puntos la media de desempleo juvenil de la Unión Europea. Son números que invitan al optimismo y que deben marcar la senda a seguir, aunque la letra pequeña del contrato muestre detalles menos tranquilizadores.

Porque en el reverso de esta recuperación encontramos una realidad de precariedad alarmante. La de que en España se firman nueve contratos temporales por cada contrato indefinido.

El Gobierno no debe desviarse del carril de la recuperación ni apartar el foco de los dos objetivos principales: levantar la economía tras una pandemia que provocó una caída del 11% del PIB en 2020, y recuperar los cientos de miles de trabajos perdidos por el camino.

Cuestión de prioridades

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, retomó las conversaciones con sindicalistas y empresarios en marzo para negociar una nueva reforma laboral que, en último término, debe cumplir las condiciones que exige Bruselas a cambio de los fondos europeos.

Para la Unión Europea (UE) es urgente que España acabe con la alta tasa de temporalidad de sus contratos. El compromiso de la ministra para alcanzar ese fin en un país con graves dificultades estructurales para crear puestos de trabajo (y altamente dependiente del turismo) es loable. 

Sin embargo, el Gobierno incurriría en una enorme irresponsabilidad si tumbara por las bravas ese modelo impulsado por Mariano Rajoy y que, con sus pecados y defectos, puso facilidades a la contratación en una etapa de profunda crisis económica.

No hay salida fácil de la encrucijada. Pero apostarlo todo a la creación de empleo de calidad es un lujo que España, por cuestión de prioridades, no puede permitirse. Menos aún cuando se encuentra en pleno proceso de recuperación y el país empieza a mostrar los primeros síntomas de mejoría.

Sin alternativas

Los datos alumbran una realidad: la reforma laboral aprobada por el Partido Popular ayuda a crear empleo. Si bien es cierto que este empleo muestra en muchos casos condiciones de precariedad, ¿qué alternativa le queda a nuestra economía?

Con un grave problema de empleo, con un desequilibrio creciente en las pensiones y con una deuda que no para de crecer, la creación de empleo a toda costa debe ser la meta principal.

España debe esperar a conseguir unos niveles dignos de empleo para trabajar por la calidad. Si algo se ha demostrado es que un sistema con protección laboral inflexible limita considerablemente las posibilidades de contratación. Y no se conoce, hasta la fecha, un sistema que pueda compatibilizar ambos objetivos.

La prioridad de España es recuperar la economía y el empleo. Los millones de euros de los fondos europeos son una oportunidad histórica para acabar con los problemas estructurales que atenazan a nuestro país y para abrir la puerta a una mejora de la calidad de las condiciones laborales. Hasta entonces, es cuestión de prioridades.