El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) echó ayer por tierra los acuerdos de pesca de 2018 y 2019 suscritos entre los Veintisiete y Marruecos, que asumen que la soberanía del Sáhara Occidental corresponde a Casablanca, contra el criterio de las Naciones Unidas.

La decisión judicial da la razón al Frente Polisario, que denunció la ilegalidad de los pactos y defendió que necesitaba el respaldo de los saharauis (representados por ellos mismos). Y, al mismo tiempo, inquieta a Marruecos. Rabat criticó el “desconocimiento” mostrado por el TJUE, por entrar en “consideraciones políticas que no tienen nada que ver con los acuerdos y su contenido". 

Para rebajar las posibles graves secuelas de su fallo, el TJUE ha decidido mantener temporalmente los acuerdos, al entender que lo contrario "podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta". Por lo tanto, los acuerdos de pesca seguirán en marcha a la espera de un posible recurso que tendrá que resolver el propio TJUE.

España, tras meses de tiranteces con Marruecos, ve con preocupación la sentencia y teme que se desande el camino marcado por José Manuel Albares desde su llegada al Ministerio de Exteriores. En este sentido, es digno de elogio y motivo de alivio que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, hicieran una declaración pública conjunta este mismo miércoles. Esa declaración revela la existencia de un frente común y la intención de que no se revivan las tensiones del pasado. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que iba de la mano de Marruecos en esto, no debe escatimar esfuerzos para que el contratiempo judicial no torpedee una vecindad que conviene que sea productiva en las dos direcciones por razones económicas y de seguridad nacional. Esta es la voluntad de Moncloa y de la Comisión Europea, que recurrirán la sentencia para defender sus intereses comerciales y contentar, a su vez, a Mohamed VI.

Bloqueo polisario

A estas alturas está claro que las prioridades del Frente Polisario no coinciden con las necesidades del pueblo saharaui, otra víctima colateral del enterramiento del acuerdo. Como recuerda Bruselas, el Frente Polisario bloquea un negocio de 240 millones de euros que cuenta con el respaldo mayoritario de los saharauis.

Tenía razón el exministro socialista José Bono cuando afirmó el martes, en el Foro Económico Español organizado por este periódico en Ceuta, que “los saharauis no necesitan resoluciones de la ONU, sino soluciones a sus problemas".

El Polisario no puede seguir bloqueando el bienestar de los saharauis para conseguir un referéndum de autodeterminación a cualquier precio. Su población merece más pragmatismo. Si no ha llegado en 30 años, ¿qué garantiza que llegue en los próximos 30, a la contra del criterio de Estados Unidos?

España tiene por delante un gran desafío: redoblar esfuerzos para recuperar una normalidad que incluya la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla, y el retorno de la embajadora marroquí a Madrid. Esa voluntad de entendimiento queda demostrada con su postura común en unos acuerdos que no deben darse por malogrados.