El anuncio de que ERC, PNV y EH Bildu no presentarán enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 despeja de obstáculos el sendero hacia su aprobación y permite respirar a un Gobierno que ha visto durante las últimas 48 horas cómo los datos de PIB e inflación disparaban las alarmas y hacían temer por la recuperación de la economía española.

Los partidos nacionalistas han dado su visto bueno a las cuentas de PSOE y Unidas Podemos a cambio de la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital, en el caso del PNV, y de una cuota para las lenguas regionales en la futura ley audiovisual, en el de ERC. Es decir, la imposición a las plataformas de streaming como Netflix y HBO de un porcentaje mínimo de contenidos en los idiomas cooficiales en las comunidades nacionalistas.  

Salvo sorpresa de última hora, los Presupuestos serán por tanto aprobados sin mayor problema por los socios habituales del Gobierno. De esta manera, Pedro Sánchez ve despejado su camino hacia las elecciones generales de 2023 y aleja la posibilidad de un anticipo. Anticipo con el que se había especulado durante los últimos días a raíz de los órdagos de Yolanda Díaz a cuenta de la reforma laboral.

Nubes en el horizonte 

Pero la probable aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no despeja los nubarrones que amenazan la economía española. Y entre esos nubarrones, la debilidad del crecimiento del PIB español. España es, de hecho, la única de las grandes economías que aún no ha recuperado los niveles prepandemia, como sí han hecho (o están cerca de hacerlo) Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania.

De los motivos de ese endeble crecimiento del PIB y de las consecuencias del pésimo dato de inflación conocido el jueves ya hemos dado buena cuenta en sendos editoriales de EL ESPAÑOL. Pero baste con decir que la combinación de ambos datos pondrá muy difícil, por no decir imposible, cumplir con ese 7% de crecimiento que el Gobierno prevé para 2022.

Y si ese crecimiento no se produce, el resto de previsiones de estos Presupuestos, tanto de ingresos como gastos, deberá ser revisado a la baja si el Gobierno no quiere encontrarse con un agujero negro en las cuentas públicas.

Previsiones demasiado optimistas 

El Gobierno confía en que el aumento de los precios incremente la recaudación por IVA, compensando la reducción de los ingresos previstos por otras vías. Pero esa previsión se basa en una suposición, como mínimo, arriesgada: la de que la clase media española cuenta con ahorros suficientes como para tirar del consumo de forma indefinida.

Pero la asunción es arriesgada. En especial a la vista de la caída del consumo de los hogares españoles y frente a la evidencia de que las únicas familias que han sido capaces de ahorrar durante la pandemia han sido las de clase alta. Precisamente las que menos consumen.

Y si el dinero de la clase media se agota o deja de fluir, el Gobierno se encontrará con un problema que ni siquiera la inyección de los fondos europeos podrá paliar. 

A lo explicado se suman otros factores. Y en especial la crisis energética, que ha incrementado la tarifa eléctrica hasta niveles inéditos y que está todavía muy lejos de su final. Una crisis que ha revelado fallos estratégicos muy serios en esa política verde europea que España ha abrazado con más entusiasmo que nadie en la UE.

Haría bien el presidente en no confiarlo todo a los fondos europeos y en empezar a actuar como un Gobierno con visión a largo plazo y no como uno que apenas aspira a superar las próximas 24 horas en los telediarios. Es decir, en alejarse de radicalismos y populismos y en acercarse a aquello que Bruselas exige y que el PP no puede más que apoyar si quiere llegar algún día a la Moncloa. No hay otro camino que ese.