Ha querido el azar que la noticia del acuerdo entre el Gobierno y ERC para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado haya coincidido con una segunda noticia que evidencia el peligro de que la negociación de las cuentas del Estado se convierta una y otra vez en un mercadeo de cesiones al nacionalismo que pone en riesgo los derechos de los ciudadanos y la viabilidad de las empresas. 

Porque ayer lunes el Tribunal Supremo dio el golpe de gracia a la inmersión lingüística, el sistema educativo que ha imperado en Cataluña durante los últimos 40 años y que ha acabado relegando al español a la condición de lengua extranjera en su propio país. Lo hizo rechazando el recurso de la Generalitat contra la sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que exige un mínimo de un 25% de clases en español en el sistema educativo catalán. 

Como viene siendo habitual, la Generalitat, por boca del consejero de Educación Josep González-Cambray, detenido por la Guardia Civil en octubre de 2020 en el marco de la operación Volhov, ha anunciado que desobedecerá la sentencia del TSJC. La decisión de la Justicia no supondrá, según González-Cambray, "ningún cambio" en el sistema de inmersión lingüística, lo que abre la puerta a su procesamiento por prevaricación. 

Cesiones lingüísticas

Al mismo tiempo que el Supremo confirmaba el fin de la inmersión lingüística en Cataluña se conocía el acuerdo entre Gobierno y ERC por el que el primero se compromete a forzar la presencia "de las lenguas cooficiales del Estado distintas al castellano" en los catálogos de plataformas como Netflix, HBO o Prime Video. 

En la práctica, el acuerdo, que se suma a la imposición de la cooficialidad del bable en Asturias y a las cesiones a EH Bildu para que el canal infantil de ETB, la televisión pública vasca, se vea en toda Navarra, implica obligar a esas plataformas a que el 6% de su catálogo lo formen "producciones en catalán, euskera o gallego". 

¿Pero cómo pretende obligar el Gobierno a que esas empresas privadas ofrezcan un 6% de contenidos deficitarios (puesto que, de ser rentables, esas empresas ya ofrecerían por propia voluntad esos contenidos)? Subvencionando hasta el 80% de la producción de series o películas en catalán, euskera o gallego, cuando el porcentaje subvencionable de las producciones en español es sólo del 60%. 

Negociar con dinero ajeno

El absurdo está a la vista: el Gobierno utiliza como pago en especie (a cambio de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado) el catálogo de las plataformas de streaming privadas aprovechando en su favor el intervencionismo de la legislación de la Unión Europea que protege la producción audiovisual local.

Pero lo financia con dinero público. El de todos los ciudadanos.

Dicho de otra manera. Serán todos los ciudadanos españoles los que financien a productores, directores, actores, guionistas y dobladores regionales cuyos productos, por sí solos, han sido incapaces de ganarse el favor del mercado. El Gobierno también creará un fondo de hasta 10,5 millones de euros para "incentivar la creación de contenidos audiovisuales en lenguas cooficiales diferentes del castellano".

Como en el caso de ese pacto entre José Luis Escrivá y los sindicatos que obliga a los empresarios a asumir el 83,3% de la subida de las cotizaciones, el Gobierno ha vuelto a comprar con dinero ajeno el apoyo de sus socios. Los nacionalistas verán cumplido así su sueño de disfrutar de un trasunto de "sector audiovisual" propio. Un sector audiovisual que no será más que un tramoyista moviendo poleas con desgana frente a una platea vacía de espectadores para justificar la subvención del Gobierno.