El boicot de Santiago Abascal al acto de homenaje a la Constitución en el Congreso de los Diputados, un gesto de hondo calado político que no restaña la presencia reticente en él de Macarena Olona, deja sólo tres partidos nacionales en la defensa abierta de la Carta Magna en toda su extensión: PP, PSOE y Ciudadanos. 

De "espectáculo cómico" ha calificado Abascal el acto del Congreso. Vox, que se presenta frente a los suyos como garante de la misma Constitución que se niega a homenajear (¿y qué culpa tendrá la Constitución de los pactos, por otro lado estrictamente legales, entre PP y PSOE para la renovación del Tribunal Constitucional?), da un salto cualitativo y se une así a ese amplio grupo de partidos radicales y populistas que medran en la periferia de la democracia constitucional a la espera del momento adecuado para acabar con el sistema de derechos y libertades que los españoles nos dimos en 1978. 

De este lado de la raya constitucional apenas quedan ya los mencionados PP, PSOE y Ciudadanos.

El primero, enfrascado en suicidas cuitas internas, reduce día a día su ventaja sobre el PSOE en los sondeos, atando su destino más y más al de Vox.

El segundo gobierna en minoría absoluta y depende de la tenaza parlamentaria de una amalgama de partidos extremistas, populistas y nacionalistas cuyo objetivo declarado es el derribo de la Constitución.

El tercero ocupa el centro del escenario político, pero languidece sin perspectivas de mejora por una mezcla de errores propios y opas hostiles ajenas.

Una historia de éxito 

La debilidad de la Constitución, o mejor dicho, de los defensores de la Constitución, no es un problema menor de la democracia española. La historia de España es la de un país que ha intentando solucionar de forma recurrente sus crisis políticas con nuevas Constituciones, fracasando de forma inexorable en la mayor parte de las ocasiones. 

España debería haber aprendido ya que las Constituciones no son jamás, por sí solas, la solución a ningún problema si no reciben el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas destinadas a aplicarla. Pero, sobre todo, si no reciben el apoyo de los ciudadanos que forman la Nación española. Y cuando eso no ocurre, el resultado es el conflicto. 

Reiniciar la democracia y el Estado de derecho cada X años, como si de esta manera se borrara de la faz de la tierra a la mitad molesta de los españoles, puede ser una fantasía habitual entre populistas, esos adolescentes de la política, pero no debería siquiera ser contemplado por partidos adultos como se supone que son PP y PSOE.

La más exitosa

La Constitución de 1978 es la más exitosa de las ocho que ha tenido España desde la de 1812. Y sólo un ciego o un fanático radicalizado hasta el paroxismo podría negar que los últimos 43 años han sido los más prósperos y pacíficos en la historia de este país.

La Constitución del 78 es por supuesto mejorable en varios detalles. Pero plantear su reforma en las circunstancias actuales, con un Gobierno débil, una oposición paralizada y el envalentonamiento de los partidos extremistas, nacionalistas y cantonalistas sería un suicidio del que España, con total seguridad, saldría muy mal parada. Como salió malparada entre 1931 y 1936 en circunstancias semejantes a las actuales. 

La Constitución no se defiende, como dice Macarena Olona, "a golpe de recurso". Los recursos son herramientas del Estado de derecho, pero no insuflan vida como por arte de magia a una Constitución si su contenido es despreciado día a día por aquellos que deberían protegerla. Hacer un cherry picking de artículos, olvidando convenientemente aquellos que no encajan en el relato, no es proteger la Constitución, sino utilizarla de forma ventajista para erradicar del escenario a la mitad de los españoles.