La huelga (según los convocantes) o paro patronal (según sus detractores) convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías ha provocado ya problemas de suministro que se suman a los generados por la alteración de las rutas de distribución internacionales afectadas por la guerra y por el aumento de los precios de la energía y los combustibles. 

La acción de algunos piquetes violentos, de momento minoritarios, pero a los que se ha podido ver amenazar, acosar e incluso rajar las ruedas de los transportistas que no desean secundar la huelga, ha elevado la tensión de la protesta y ha llevado al Gobierno a temer por una escalada de la indignación que conduzca a un estallido social.

El temor no es sólo al estallido en sí, sino también a su utilización por parte de los partidos populistas, y especialmente de Vox. Y de ahí que el Gobierno se haya multiplicado en los medios para explicar a los ciudadanos y a los sectores afectados los perjuicios económicos generados por la guerra. 

Unos perjuicios que, en efecto, cabe atribuir en parte a la guerra. Pero que no aparecen con ella, sino que tienen su origen mucho antes. Tiene razón por tanto el Gobierno cuando atribuye a la invasión de Ucrania la subida de los precios del combustible, de la energía y de los precios vivida durante las últimas semanas.

Pero no tiene razón cuando se autoexcluye de la responsabilidad, como si sus erradas políticas energéticas, su falta de previsión y su insistencia en continuar caminando de la mano de partidos como Unidas Podemos, ERC o EH Bildu no hubieran conducido a España a lo que hoy mismo parece un callejón sin salida. 

¿Chalecos amarillos en España?

Moncloa ha movilizado a sus ministros en una campaña claramente dirigida a relacionar las protestas de los transportistas con la ultraderecha. Las ministras portavoz y de Transportes, Isabel Rodríguez y Raquel Sánchez respectivamente, han sido las primeras en calificar dichas protestas de "chantaje" y de "boicot". 

"Son actos violentos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya están actuando para proteger a aquellos que tienen el derecho a trabajar" ha dicho Isabel Rodríguez. La ministra ha recordado también que será en el Consejo de Ministros del 29 de marzo cuando el Gobierno dé una respuesta "urgente" a la subida de los precios del carburante y del gas. 

Haría bien el Gobierno en ser consciente de que retrasar la adopción de medidas hasta el 29 de marzo no demuestra "urgencia" alguna y de que las protestas de los transportistas no son un hecho aislado, sino el posible germen de posteriores protestas. Y la Francia de los chalecos amarillos debería servir de aviso para los navegantes del Ejecutivo. 

Los ciudadanos españoles cargan ya sobre sus espaldas con una pandemia, con la crisis económica generada por esta, con la débil recuperación de la economía española, con la presión fiscal, con el aumento de los precios de la gasolina y la electricidad, con la subida de la inflación y, ahora, con el desabastecimiento de productos básicos. 

Clama al cielo que a la vista de este escenario el Gobierno haya sido incapaz todavía de proponer ninguna medida concreta más allá de las ya habituales promesas genéricas de "no dejar a nadie atrás" y de bajadas de impuestos jamás precisadas. La paciencia de los ciudadanos no es infinita y el enfado de los españoles no se limita al sector del transporte, sino que va mucho más allá. El miedo a un estallido social va camino de convertirse en una profecía autocumplida del propio Gobierno.