La publicación en la revista norteamericana The New Yorker de un reportaje sobre el programa Pegasus, diseñado por la empresa israelí NSO y destinado al espionaje de teléfonos móviles, ha entregado al independentismo catalán un nuevo motivo para el aspaviento.

El reportero Ronan Farrow, hijo de Woody Allen y Mia Farrow, conocido tanto por las investigaciones periodísticas que dieron alas al #MeToo como por las desacreditadas acusaciones de pederastia contra su padre, explica en su texto que más de sesenta teléfonos de “políticos, abogados y activistas” catalanes fueron hackeados. También incluye las acusaciones directas de los independentistas de que el Estado, a través del CNI, es el responsable de estas supuestas actividades de espionaje.

Ayer martes, la indignación del independentismo pasó del papel a la escena política con un acto en Bruselas con el indultado Oriol Junqueras y el fugado Carles Puigdemont. Ambos pregonaron el comienzo de "una ofensiva internacional” para que "el Estado rinda cuentas".

Por su parte, el presidente de la Generalitat anunció que llevará el caso ante las instituciones europeas, en un nada novedoso intento de erosionar internacionalmente el prestigio de las instituciones españolas. Incluso dijo que hará uso de todos los recursos al alcance de la Generalidad para investigar el caso, lo que incluye los económicos.

Aragonès aseguró que las relaciones institucionales con Moncloa quedan congeladas hasta que se restaure “una confianza mínima”, lo que compromete la mesa de diálogo, y deja en el aire el apoyo que el grupo parlamentario de ERC presta al Gobierno de Sánchez.

Dentro de la ley

Aragonès no tuvo en cuenta que tanto Interior como Defensa se han desmarcado del caso. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó que los ministros no tienen “nada que ver” ni “nada que ocultar”. Lo cierto es que no hay pruebas de que el Ejecutivo esté detrás de esta campaña de espionaje o de que, en caso de haber algún organismo implicado, haya actuado fuera de la legalidad.

La hipocresía del independentismo catalán no tiene límites. Se rasga las vestiduras y acusa sin pruebas después de haber sido la principal amenaza para el Estado de derecho desde el golpe de Tejero, después de haber contactado con el círculo de Vladímir Putin para desestabilizar la democracia española, después de haber visto cómo eran condenados sus principales cabecillas en un juicio con todas las garantías, y después de haber amparado revueltas de grupos radicales como los CDR, con algunos de sus miembros procesados aún por terrorismo.

Que ante hechos de esa gravedad el CNI hubiese intervenido sería lo lógico. Para eso están los servicios de inteligencia en todas las democracias del mundo. Ahora bien, estas labores tienen que estar sujetas al derecho. El mismo que han despreciado una y otra vez los separatistas. Y claro que el CNI también ha de cumplir la ley. Por eso hay que investigar el caso y poner luz y taquígrafos. Justo lo que no hizo el Parlament de Cataluña cuando rechazó investigar el presunto espionaje de los Mossos a políticos y periodistas.