El errático Gobierno de Pedro Sánchez se afana por descongelar las relaciones con la Generalitat después de que Pere Aragonès las diera por rotas tras conocerse el espionaje del CNI a 18 personas del entorno independentista.
La reanudación de las conversaciones para retomar la mesa de diálogo demuestra que las cesiones de Sánchez han servido para apaciguar, de momento, la impostada y sobreactuada indignación de los nacionalistas ante el caso Pegasus.
Pero, más allá de la geometría parlamentaria en la que el Gobierno hace funambulismo para sacar adelante sus leyes en el Congreso, nada justifica el doblegamiento de Sánchez a las exigencias de Aragonès. Más bien todo lo contrario. El presidente de la Generalitat es una figura que, por la poca confianza que irradia, merece todo el celo investigador que los servicios de inteligencia españoles le dedicaron.
Como confirmó ayer EL ESPAÑOL, Aragonès fue investigado por el CNI entre 2019 y 2020 por sus conexiones con los CDR. Las relaciones del entonces número dos de Quim Torra con las guerrillas urbanas catalanas justifican plenamente que el móvil del presidente autonómico catalán fuera pinchado desde la casa de los espías.
Conexión con los CDR
El juez autorizó investigar a Aragonès atendiendo a los motivos que dio el CNI. Este alegó que el hoy presidente regional era entonces el máximo líder de ERC en libertad, lo que justificaba considerarlo un objetivo sensible para ser monitorizado. ¿Cómo no seguirle los pasos a todo un vicepresidente de la Generalitat ante las sospechas de que pudiera estar coordinándose con grupos violentos para radicalizar la acción separatista y atentar contra infraestructuras clave para el Estado?
Los Comités en Defensa de la República pusieron en jaque a Cataluña durante semanas con sabotajes en las calles y cortes de tráfico en las carreteras. Durante esos días, nadie en el Gobierno regional condenó ni repudió las protestas violentas. De hecho, como recuerda hoy EL ESPAÑOL, las fechas de las pesquisas a Aragonès coinciden en el tiempo con los momentos en los que el terrorismo callejero más "apretaba".
Las nuevas informaciones vienen a confirmar la razón de ser del espionaje a Aragonès. Los vínculos del entonces vicepresidente autonómico con grupos prototerroristas justifican sobradamente su investigación por el CNI. Por eso el sacrificio de Paz Esteban ofrecido por Sánchez a sus socios independentistas ante las presiones de ERC resulta si cabe más sangrante.
El Estado no sólo tiene el derecho, sino también la obligación de neutralizar las amenazas a la seguridad nacional. Tal es justamente el propósito de los servicios de inteligencia. El CNI tiene la potestad de servirse de los medios que sean necesarios (ateniéndose siempre a la más estricta legalidad, como ha sido el caso con el espionaje a los independentistas) para investigar a quienes puedan comprometer la integridad del Estado.
Si es cierto que "el bien último" por el que se investigó a Aragonès fue "preservar la pacificación de Cataluña", es porque el vicepresidente autonómico se consideraba una amenaza para el orden constitucional. Y si eso es así, renunciar a espiarlo por motivos políticos agrava esa amenaza al orden constitucional.