El Gobierno ha puesto encima de la mesa un nuevo paquete de medidas destinado a contener la inflación. Un decreto aprobado este sábado que, en lo esencial, es una prórroga del Plan Nacional de respuesta a la guerra de Ucrania firmado el pasado marzo. Y, por eso, puede ser objeto de las mismas críticas que entonces.
El nuevo decreto movilizará 9.000 millones de euros entre los 5.500 millones en gasto y los 3.500 millones en rebajas fiscales, y estará vigente hasta finales de año. Pero aunque pueda parecer ambicioso, el plan del Ejecutivo no va a ser suficiente.
Vivimos una crisis inflacionaria que afecta a todas las economías globales. Un contexto en el que los precios vienen subiendo desde 2021 fruto de dos factores: las políticas de dinero barato de los bancos centrales y los inicios de la guerra económica por parte de Rusia. La guerra sólo ha venido a exacerbar el problema, pese a lo que sostiene el victimista argumentario de Moncloa.
Por si fuera poco, el plan de Sánchez contra la subida de los precios resulta contradictorio. De un lado establece medidas destinadas a combatir la subida de precios, como la reducción del IVA de la luz o la extensión de las rebajas fiscales que afectan a la generación de electricidad ya en vigor.
Pero, por otro, extiende el plan hacia ayudas sociales como las bonificaciones al combustible, la subida del Ingreso Mínimo Vital o el incremento en las pensiones no contributivas. Todas ayudas aplicadas de forma general, con el consiguiente riesgo de que provoquen un efecto regresivo en la economía.
Pacto de rentas
El bis del escudo anticrisis también establece un pago único de 200 euros que podrán solicitar en julio los hogares con una renta inferior a los 14.000 euros. Lo mejor que puede decirse de esta medida es que es del todo insuficiente. Porque difícilmente servirá esta "paga extraordinaria de verano" para compensar los 300 euros mensuales de más que están gastando los hogares de media en productos básicos por el aumento de los precios.
La ortodoxia económica alerta de que, para crisis de oferta como esta, actuar desde el lado de la demanda agregada (con aumentos del gasto público o bajadas generalizadas de impuestos) sólo agravará la tendencia de menor crecimiento económico que se espera para los próximos meses.
Como explican los economistas, y como lleva insistiendo desde hace meses el Banco de España, en esta coyuntura económica únicamente un pacto de rentas será capaz de ayudar a frenar la espiral inflacionaria.
No es sostenible seguir aprobando subvenciones cada vez más gravosas para el erario público. Urge un pacto por el que las empresas asuman pérdidas en sus márgenes y los trabajadores renuncien, por el momento, a subir salarios. Y por el que el Estado asuma que tiene que frenar su voracidad de gasto superfluo.
Un plan paliativo
Los criterios que deberían seguir las medidas anticrisis que impliquen mayor gasto público, como las bonificaciones y las ayudas directas, deberían ser dos: que estén dirigidas solamente a los sectores más castigados y que no tengan un mayor impacto negativo sobre la oferta. No parece ser el caso del segundo decreto del Gobierno.
Las subvenciones con carácter general suponen que el Gobierno va a seguir embarcándose en un gasto público masivo. Y esto implicará más deuda para financiarlo, lo cual creará a su vez más inflación.
Ya ha quedado acreditada la querencia hacia el aumento del gasto público y las reticencias a las rebajas fiscales de este Gobierno. Pero si las medidas anticrisis continúan en esta misma senda, no es descabellado pensar que el incremento de precios por la crisis energética pueda degenerar durante el próximo año en una recesión (en parte provocada por los bancos centrales) y en una crisis de deuda.
En la presentación del nuevo decreto, Sánchez anunció también un impuesto sobre los beneficios de las energéticas. Un nuevo tributo que es el colmo de la contradicción y de la candidez, teniendo en cuenta que el Ejecutivo, por un lado, elimina impuestos a la generación de electricidad, rebaja el IVA de la luz y subvenciona la gasolina, para luego gravar a las empresas que producen y comercializan esos productos. Un sinsentido completo, sobre todo porque esas compañías acabarán repercutiéndolo a sus clientes en la factura, anulando el impacto de las rebajas fiscales adoptadas.
Esta prórroga del escudo anticrisis del Gobierno es meramente cosmética y paliativa. Faltan ayudas realmente focalizadas en los más vulnerables; carece de un recorte del gasto público efectivo; presenta medidas contradictorias contra la inflación y, por si fuera poco, olvida que estamos ante un problema de oferta.
Para mantener a raya el IPC, Sánchez necesitará nuevas medidas, un recorte del gasto público, una buena ayuda del Banco Central Europeo y, sobre todo, cerrar cuanto antes un pacto de rentas del que parece haber desistido.
