Hoy Invertia-EL ESPAÑOL se hace eco del penúltimo parámetro que da cuenta de la dinámica confiscatoria en la que está inmersa este Gobierno. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder se han incrementado en 33 los días que, de media, tienen que trabajar los españoles para pagar sus impuestos.

Los contribuyentes ya nos habíamos familiarizado con el dato según el cual estábamos obligados a trabajar para el Estado casi la mitad del año. Pero es que, para 2023, serán 210 los días de trabajo necesarios para costear los tributos.

En definitiva: los españoles trabajaremos hasta el 29 de julio exclusivamente para el fisco. Un nuevo dato que avala la predilección del Ejecutivo por el castigo al sector privado. No en vano, el presidente viene predicando en los distintos foros económicos su doctrina de que donde mejor está el dinero de los ciudadanos es en el bolsillo del Estado.

El retraso de la liberación fiscal es reflejo del aumento de la presión fiscal, que ha subido 5 puntos durante la era Sánchez, equiparándose así a la media de la Unión Europea y alcanzando el 41% del PIB. En el esfuerzo fiscal, España ya estaba por encima de la media comunitaria. Además, cada hogar tendrá que pagar 4.700 euros más en promedio en impuestos directos e indirectos que en 2018. Un incremento medio anual de más de 800 euros por contribuyente. 

El hachazo fiscal a las grandes fortunas, sumado al exceso de la recaudación por la inflación y al incremento de las bases máximas de cotización, generará unos ingresos récord para el Estado. Hacienda percibirá 20.000 millones de euros más de lo previsto en 2022 y 2023.

Y ni aun con este sablazo tributario va a tenerlo fácil el Gobierno para financiar los Presupuestos Generales del Estado más electoralistas, expansivos, inflacionarios y clientelares de la historia.

Sánchez ha convertido el exceso de recaudación en gasto social para intentar garantizarse la reelección el año que viene. Unos niveles de inversión pública sin precedentes para regar España con obras públicas y ayudas y tratar de dar la vuelta a los sondeos.

Los PGE de 2023 destinarán 16.000 millones de euros más para pagar la subida de salarios de los funcionarios y la revalorización de las pensiones, del 9,5% y el 8,5%, respectivamente. El gasto en pensiones previsto para 2023 multiplica por siete la partida destinada a servicios públicos básicos.

Las cifras son abrumadoras. España gastará en pensiones casi 400.000 millones de euros durante 2023 y 2024, con la consiguiente lesión para la solidaridad intergeneracional. El 42% de los Presupuestos de 2023 irá destinado a pagarlas.

La temeridad de estos PGE es mayor si cabe teniendo en cuenta que el Banco de España (BdE) ya había dado un toque de atención al Gobierno, alertando de la imprudencia que supone indexar las pensiones al IPC en pleno frenazo económico y con la inflación desbocada.

Sin embargo, el Ejecutivo es el único actor que no quiere darse por enterado de los agoreros indicadores macroeconómicos. Todos coinciden en pronosticar un enfriamiento de la economía española. Pero Sánchez, Nadia Calviño y María Jesús Montero parecen ajenos a la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento por el FMI y el BdE. Se han quedado solos en sus voluntaristas y optimistas pronósticos del 2,1% de crecimiento para 2023.

Esta sintética panorámica de los problemas que aquejan a la economía española debería bastar para convencer al Gobierno de lo nocivo de su huida hacia delante recaudatoria. Unos problemas que no se corregirán disparando el déficit, la deuda y la inflación, ni repartiendo limosnas de precampaña.

Sánchez no puede hipotecar a las futuras generaciones ni la salud de la economía española para mantenerse una legislatura más en la Moncloa. Que la liberación de los españoles de sus obligaciones fiscales vaya a demorarse un mes más bajo su mandato debería servir como señal de alarma.