Como era de prever, la ministra de Igualdad, Irene Montero, su secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, han reaccionado al aluvión de rebajas de pena y de excarcelaciones de violadores provocado por la ley del 'sí es sí' arremetiendo contra el mensajero. Es decir, contra los jueces encargados de aplicar la norma. 

Podemos ha llegado a calificar a los jueces de "fachas con togas" cuando estos se están limitando a aplicar el principio general de la pena más favorable al reo. Así, Montero ha dicho que "hay jueces que están incumpliendo la ley". Es decir, les ha acusado de prevaricar. Rodríguez Pam les ha pedido "que se formen". Y Rosell, candidata de Podemos a una vocalía en el Consejo General del Poder Judicial, ha defendido, con argumentos jurídicos como mínimo chocantes, una ley que la inmensa mayoría de los juristas consideran muy deficiente.

¿Conoce la ministra que casi la mitad de los 5.500 jueces del Poder Judicial tienen formación en violencia de género? ¿Sabe que el informe del CGPJ sobre su ley fue aprobado por unanimidad, es decir, tanto por magistrados conservadores como progresistas? ¿Sabe que las decisiones de rebajar las penas están siendo adoptadas por secciones de tres o más magistrados? ¿Conoce la ministra el principio de taxatividad de la ley penal, ese que brilla por su ausencia en ley del 'sí es sí'? 

La tentación de culpar al mensajero no ha sido resistido tampoco por algunos de los partidos que dieron su "sí" a la ley. El PNV ha afirmado que el problema no es la norma, sino "su interpretación", pero ha defendido que se retoque la ley. Junts también ha achacado a "una interpretación improcedente" las rebajas de penas, pero se ha sumado a la petición de correcciones. 

Pero ¿por qué debería retocarse una ley impecable, según PNV y Junts, si el problema lo tienen aquellos jueces que no saben aplicarla?

Pedro Sánchez, por su lado, ha evitado criticar una ley convertida por Unidas Podemos en casus belli contra el Poder Judicial y ha descartado una reforma en caliente. Según el presidente, lo prudente es esperar a que tribunales y Fiscalía unifiquen su jurisprudencia. Algo que parece aludir a un periodo de espera hasta que alguno de los casos llegue al Tribunal Supremo y este siente doctrina al respecto.

Lo cierto es que el Gobierno se encuentra acorralado en el mismo callejón sin salida en el que decidió atrincherarse tras despreciar todos los informes jurídicos que avisaban de que la ley iba a provocar una rebaja generalizada de las penas, y no sólo "en algunos casos puntuales", como inocentemente se defendió en su momento.

Pero la rebaja de las penas, que está provocando ya la puesta en libertad de algunos violadores y agresores sexuales, no es contradictorio con el "espíritu" de la ley, como ingenuamente defienden algunos defensores de esta, sino que deriva de su literalidad. Y no sólo de la literalidad de la ley, sino también de la del artículo 9.3 de la Constitución y de la del 2.2 del Código Penal, como ha afirmado el Poder Judicial.

Incluso la asociación progresista Juezas y Jueces por la democracia ha emitido un comunicado en el que dice "considerar inapropiadas las manifestaciones del Ministerio de Igualdad. Que no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces tachando sus decisiones como justicia machista". 

Según el principio de la navaja de Ockham, en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser también la más probable.

¿Y qué es más probable? ¿Que jueces y juezas de todas las ideologías y de ambos sexos hayan conspirado para boicotear al alimón la ley de Irene Montero? ¿O que la soberbia de la ministra y sus asesoras les esté impidiendo reconocer que su sectarismo ha extendido cheques que sus deficientes conocimientos jurídicos no podían pagar?

La respuesta es obvia. Pero que la retórica no oculte la gravedad de estos hechos. Porque si algo ha demostrado que pactar con populistas no sale gratis, ese algo ha sido la rebaja de penas a agresores sexuales y violadores provocada por la ley del 'sí es sí'. Este error no lo pagará la ministra. Lo pagarán las mujeres abusadas que verán ahora a sus agresores beneficiarse de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.