Es difícil encontrar un solo caso en 44 años de democracia en el que se acumulen tantas razones para el cese de un ministro como el de Irene Montero. Refutados por disparatados los argumentos pretendidamente jurídicos con los que la ministra de Igualdad y su entorno han intentado convencer a los españoles de que la culpa de las rebajas de condenas y de las excarcelaciones de violadores es de los jueces, y no de las deficiencias técnicas de su ley del 'sí es sí', a Pedro Sánchez apenas le queda una opción políticamente razonable sobre la mesa: cesar a Irene Montero.
EL ESPAÑOL no está solo en su petición. La dimisión de la ministra de Igualdad fue solicitada ayer por la Asociación Profesional de la Magistratura (mayoritaria en la carrera judicial), el Foro Judicial Independiente y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. A ellos se han sumado las feministas del PSOE agrupadas en Feministas Socialistas. También ha pedido su dimisión el PP por boca de Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Alfonso F. Mañueco.
Tan o más significativo que el clamor que pide el cese de la ministra han sido los silencios a la izquierda del espectro político. Yolanda Díaz ha guardado un llamativo mutismo. El PSOE ha reaccionado negando una reforma apresurada de la ley, pero ningún ministro ha defendido a Irene Montero públicamente.
Lo cierto es que el presidente está atado de manos por su pacto con Podemos. Sánchez podría, por supuesto, imponer su autoridad y cesar a Irene Montero, pero eso comportaría la ruptura de la coalición, la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales y la condena a gobernar en minoría hasta las elecciones generales de 2023.
Pero la evidencia de que la ley del 'sí es sí' es una chapuza jurídica de colosales dimensiones hace que la alternativa, mantener a Irene Montero en su puesto, sea mucho peor. Porque el goteo de reducciones de penas y excarcelaciones continuará durante semanas o meses, y podría llegar a alcanzar los centenares de casos. Algunos tan relevantes como el de algún miembro de La Manada. Es decir, el del caso que provocó la promulgación de la ley.
Por no hablar de la hipótesis de que alguno de los violadores liberados por la ley reincida durante los próximos meses.
¿Y cómo esquivará entonces Pedro Sánchez la evidencia de que fue él quien decidió gobernar en coalición con Unidas Podemos? ¿El que se ha resistido una y otra vez a imponer su autoridad en el Consejo de Ministros frente a las barbaridades, los insultos y las ofensas a ciudadanos, empresas e instituciones de los ministros morados? ¿El que, como líder del Ejecutivo, aprobó y dio el visto bueno a una ley de cuyos defectos y taras fue avisado por jueces, abogados, víctimas y asociaciones feministas?
Este diario duda que los indultos hayan sido ya "amortizados" por la sociedad española, tal y como creen algunos socialistas. Pero de lo que está seguro es de que las penosas consecuencias de la ley del 'sí es sí' no se borrarán de la cabeza de los españoles con la facilidad con la que Pedro Sánchez desearía.
En este país han dimitido ministros, y los casos de Antonio Asunción y Julián García Vargas son los primeros que vienen a la cabeza, cuya responsabilidad sobre el daño causado era indirecta o incluso inexistente.
Pero nadie ha empeñado más su cargo en la ley del 'sí es sí' que Irene Montero. Una ministra que prometió "liberar" a las mujeres y que ha acabado liberando a sus agresores por su empeño en modificar la terminología de una ley sin tener en cuenta los motivos por los que esa terminología existía en primer lugar.
Decía G.K. Chesterton que las personas que quitan una valla de un prado por "no saber qué hace ahí" son las últimas personas que deberían tener el poder de quitar esa valla.
Irene Montero ha convertido en una cruzada fanática y fanatizada la eliminación de vallas sociales y jurídicas de las que desconocía su función. Lo ha hecho con la ley del 'sí es sí' y con la ley trans. Ahora, los lobos campan a sus anchas por las calles españolas. Si Sánchez no cesa a Montero, es probable que Montero le 'cese' a él en las elecciones autonómicas, municipales y generales del año que viene.